La entrega diaria de agua potable mediante camiones aljibe se ha convertido en un problema burocrático que impacta a más de 6 mil familias que viven en sectores rurales de la provincia.
Durante la mañana de ayer, se llevó a cabo una paralización del gremio de los camiones debido a las deudas que, aseguran, mantiene el gobierno con ellos, a pesar de haber prestado los servicios sin interrupciones.
Algunos pagos pendientes datan de enero y otros de mayo, lo que, según los proveedores afectados, hace inviable mantener el suministro de agua potable en terreno si no se reciben a tiempo. Afirman que esto tiene repercusión en los sueldos de los choferes y en la carga combustible diariamente.
Por otro lado, las autoridades provinciales expresan que, si existen retrasos en los pagos de los servicios, es debido a la demora e incluso la falta en la entrega de la documentación necesaria que permita garantizarlos, cumpliendo así con la normativa vigente.
Omar Llancaman, de San Juan de la Costa, considera que depender del paso de un camión para tener agua ya es una situación bastante frágil para las familias rurales.
“Este conflicto no es la primera vez que ocurre, y lo más seguro es que tampoco será la última. Pero resulta inexplicable para nosotros que permitan que estas situaciones dejen a las familias sin agua y nadie haga nada. Porque si eso pasa en la ciudad, hay multas, exigen soluciones, tienen organismos fiscalizadores, y en el campo, nada. Por otro lado, no hay soluciones definitivas porque no es un problema nuevo la falta de agua en los campos; se pasan a las promesas, pero sin soluciones reales y duraderas”, destacó.
