Pese a que oficialismo y oposición están lejos de alcanzar un consenso sobre la fórmula bajo la cual se pretende dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema que mandata a las isapres, entre otras cosas, restituir más de US$1.400 millones por cobros excesivos a sus cotizantes, el derrotero podría esclarecerse en los próximos días.
Esto, pues el pleno de la Corte Suprema fijó para el lunes 29 de mayo una sesión en la que los ministros ponderarán los dos proyectos sobre la mesa para viabilizar el dictamen del máximo tribunal: por un lado, la ley corta que ingresó recientemente el Gobierno para dotar de nuevas atribuciones a la Superintendencia de Salud para que pueda implementar los cambios requeridos.
Y por el otro, la reforma constitucional presentada en diciembre pasado por senadores Demócratas y de Chile Vamos -que ya fue aprobada en general en la comisión de Constitución de la Cámara Alta-, como una suerte de vía alternativa.
De esta manera, el próximo lunes los 20 ministros en ejercicio de la Corte Suprema analizarán los dos requerimientos recibidos en los últimos días -uno por cada uno de los proyectos de ley por isapres-, y fijarán su postura.
Lo anterior, podría incidir en la priorización que realice el Congreso respecto de los mecanismos propuestos. Todo esto, en el marco de las consultas que han hecho parlamentarios al máximo tribunal respecto de temáticas que le competen al Poder Judicial.
El 3 de mayo pasado, la ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, fue consultada por el proyecto de ley corta del Ejecutivo. No hizo juicios de valor, pero «nosotros, cuando dictamos un fallo, no especificamos cuál es la forma exacta en que la autoridad tiene que cumplirlo; para cumplirlo, la autoridad tiene que analizar sus propias atribuciones y determinar cuál es la manera en que va a cumplir».
«A veces, el cumplimiento de un fallo judicial genera la iniciativa de legislar en esa materia; y compete directamente a los legisladores analizar qué tan necesaria y pertinente es esa ley», añadió Vivanco.
El impacto del pronunciamiento
El abogado constitucionalista Arturo Fermandois se refirió al tema. En entrevista con EmolTV, explicó que «la Corte Suprema tiene potestad para exigir el cumplimiento de su fallo, tiene lo que se llama poder de imperio, y es interesante lo siguiente: la Constitución actual dispone, y la nueva también lo trae, que el Congreso Nacional no puede abocarse al conocimiento de causas pendientes.
Una causa que está por ejecutarse es una causa pendiente. En rigor, el Congreso tiene que tener mucha prudencia al buscar soluciones, sea por leyes o por reformas constitucionales, que no dejen sin sentido la sentencia de la Corte».
«Yo creo que este es un tema que hay que ponderar por un lado y es que el fallo se cumpla, de lo contrario tenemos un problema de credibilidad jurisdiccional que yo no estaría de acuerdo en entrar. Pero por otro lado, que el asunto se resuelva sin que se produzca un caos y un desplome del sistema de seguros de salud», acotó.
Fermandois sostuvo que «es bastante inusual que se le pregunte al tribunal si se cumple o no se cumple el fallo -con los proyectos-, pero como es el Legislativo y la protección es un procedimiento flexible, informalizado, etcétera, yo pienso que se puede hacer esa consulta con el tribunal», subrayando que «estamos en una zona en la cual nadie quiere arriesgarse a un desacato. Creo que la palabra de la Corte va a ser importante de tener en cuenta».
En tanto, el senador Matías Walker (Demócrata), uno de los patrocinantes de la reforma constitucional, mencionó que «ninguno de los dos proyectos tiene los votos suficientes para aprobarse, por lo tanto, requerimos llegar a un acuerdo.
Un acuerdo que cumpla dos condiciones: que logre cumplir el fallo de la Corte Suprema, y al mismo tiempo lo haga en condiciones que permitan mantener funcionando las isapres y las clínicas».
El ministro de Justicia, Luis Cordero, desde la otra vereda, comentó a Radio Pauta que «la reforma constitucional como está planteada, es una elusión del cumplimiento de la sentencia. No solo la hemos leído bien, entendemos bien los efectos del mismo».
El secretario enfatizó en que «la Corte lo que ha hecho es obligar al reintegro, que la Suprema entiende se ha cobrado en exceso, pero lo que hace esa reforma constitucional es a partir del aumento del precio plan base, equilibrar el precio del contrato. En los dos términos anular los efectos de la sentencia».
