Un diagnóstico realizado por el Ministerio de Vivienda (Minvu) evidenció que 10.712 viviendas sociales estaban siendo mal utilizadas a escala nacional, por lo que comenzó un programa de recuperación para reasignarlas a familias que realmente las necesiten y reúnan los requisitos establecidos por Ley.
La cartera llevó a cabo un análisis en el país, a través del denominado “Plan 10.000”, lo que permitió detectar 897 viviendas en la Región de Los Lagos bajo estos criterios. De esta cifra, 200 corresponden a la provincia de Osorno, la mayoría concentradas en la zona urbana, específicamente en Francke y Rahue.
Estas entregas se concretaron mediante subsidios habitacionales del Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS49) y de Integración Social y Territorial (DS19). Dentro de las condiciones que ambos establecen está que los beneficiarios tienen la obligación de habitar personalmente el inmueble por al menos 5 años.
Las causales, que certifican el mal uso, son que la propiedad esté deshabitada, arrendada o cedida a moradores ajenos a miembros del grupo familiar declarado al momento de la postulación al beneficio estatal; ocupada ilegalmente o que se le esté dando un uso comercial a la construcción edificada con fondos estatales.
Para concretar el propósito, el Minvu efectuó fiscalizaciones en terreno y recibió denuncias procedentes de vecinos y dirigentes de comités de viviendas, lo que ayudó a focalizar a aquellos usuarios que incumplieron el compromiso adquirido. Seguidamente, constataron esta información para verificar si reunía los criterios relacionados con una mala utilización.
“Nosotros catalogamos por el hecho que básicamente esté abandonada y no se esté usando la vivienda; que está habitada por un arrendatario, ya que si la familia lo recibió no es para que gane plata con eso, o también por alguien que no es el beneficiario (…) en esos casos nosotros podemos proceder al retiro”, expresó el seremi de Vivienda de la región, Jorge Guevara.
Una vez verificado, se notifica a la persona, quien tiene un plazo no mayor a 60 días para informar cuál es la situación del inmueble. Cuando esto no ocurra, el Minvu acude a Tribunales con el objetivo de sancionar el tema, revertir la ayuda y disponer nuevamente de este.
Si bien el tema de las denuncias de mala utilización de estos espacios siempre ha estado en la palestra, la necesidad de tomar acciones quedó en evidencia con la llegada de la pandemia.
