Opinión:
Dr. Mario Sandoval, CEDER, ULagos
El debate sobre el ingreso de niños haitianos a Chile se ha convertido en un caso paradigmático para analizar cómo opera la posverdad en las sociedades contemporáneas. La posverdad se caracteriza por la circulación de relatos donde las emociones, los miedos y las creencias tienen más influencia sobre la opinión pública que los hechos verificados. En este contexto, la discusión sobre los niños haitianos ha oscilado entre denuncias fundadas sobre irregularidades administrativas y narrativas conspirativas que carecen de evidencia.
Lo primero que debe establecerse es que sí existió un ingreso significativo de niños haitianos a Chile mediante mecanismos de reunificación familiar. Diversas investigaciones periodísticas y antecedentes de organismos públicos muestran que entre 2024 y 2025 miles de haitianos ingresaron al país a través de este procedimiento, incluyendo centenares de niños y adolescentes transportados en vuelos chárter. Asimismo, informes preliminares de organismos fiscalizadores detectaron deficiencias en los procesos de control, verificación de vínculos familiares y seguimiento posterior de algunos menores.
Sin embargo, una segunda pregunta es si efectivamente llegaron «niños sin papeles». La evidencia disponible no permite sostener categóricamente esa afirmación. Lo que se investiga son posibles irregularidades en la documentación presentada, eventuales falsificaciones y casos donde los adultos acompañantes no tendrían vínculos familiares claramente acreditados con los menores. Es decir, el problema investigado no es necesariamente la ausencia total de documentos, sino la eventual validez o suficiencia de estos.
Respecto de cuántos niños son, las cifras difundidas han variado. Algunos informes mencionan alrededor de 300 menores bajo análisis, mientras que otras investigaciones han señalado que 486 niños habrían ingresado en determinados vuelos acompañados por un grupo reducido de adultos. Estas cifras forman parte de investigaciones aún en desarrollo y no constituyen necesariamente el universo total de niños haitianos ingresados por reunificación familiar.
La pregunta «¿dónde están?» fue precisamente la que originó la controversia. Inicialmente se informó que decenas de menores no habían podido ser ubicados en los domicilios registrados. Sin embargo, investigaciones posteriores de la PDI permitieron localizar a la mayoría de ellos con sus familias, escolarizados y vinculados a los sistemas de salud. Esto no elimina las interrogantes sobre los procedimientos utilizados, pero sí cuestiona las afirmaciones que sugerían una desaparición masiva de menores.
Otra interrogante relevante es quién financió los vuelos y con qué objetivo. Esta es una de las materias que actualmente investiga la Fiscalía. Hasta ahora no existe una conclusión judicial que permita afirmar la existencia de una organización criminal específica, una operación internacional de trata de personas o una finalidad determinada detrás de todos los traslados. Existen sospechas e hipótesis que están siendo investigadas, pero no hay sentencias ni pruebas públicas concluyentes que permitan sostener una explicación definitiva.
Desde la lógica de la posverdad, el vacío de información verificable fue rápidamente ocupado por rumores y teorías conspirativas. En redes sociales circularon versiones sobre tráfico de órganos, secuestros masivos y redes internacionales de explotación infantil. Sin embargo, la propia Fiscalía chilena declaró públicamente que no existen antecedentes que respalden las hipótesis de tráfico de órganos y que la investigación se concentra en posibles delitos relacionados con tráfico de migrantes, falsificación documental y eventuales irregularidades administrativas.
Por ello, la respuesta más rigurosa a la pregunta «¿es verdad o mentira?» es que existen elementos verdaderos y elementos falsos o no demostrados. Es verdadero que hubo un ingreso masivo de niños haitianos mediante programas de reunificación familiar; es verdadero que organismos estatales detectaron falencias de control e inconsistencias en algunos casos; y es verdadero que la Fiscalía mantiene investigaciones abiertas. Pero no está demostrado que exista una red de tráfico de órganos, una desaparición masiva de menores o una operación criminal de alcance internacional con objetivos ya establecidos. Tales afirmaciones pertenecen, por ahora, al terreno de la especulación.
El desafío para el análisis crítico consiste precisamente en distinguir entre hechos comprobados, hipótesis investigativas y relatos construidos desde el miedo. La protección de la infancia exige investigar exhaustivamente cualquier irregularidad, pero también evitar que la incertidumbre sea reemplazada por narrativas sin evidencia. En una sociedad atravesada por la posverdad, el pensamiento crítico demanda sostener simultáneamente dos principios: no minimizar posibles vulneraciones de derechos y no convertir las sospechas en certezas antes de que existan pruebas suficientes.
