Un amargo regreso de vacaciones tuvieron algunos legisladores, luego de que el lunes pasado un grupo mayoritario de convencionales, desde la DC a exintegrantes de la Lista del Pueblo, acordaran un paquete de indicaciones que propone en su parte medular poner fin al Senado y convertirlo en un Consejo Territorial, con menores atribuciones y un carácter más consultivo que resolutivo en la generación de leyes.
Además de verse obligados a regresar anticipadamente de su descanso a votar una nueva prórroga del estado de excepción en el Biobío y La Araucanía (en circunstancias de que el trabajo legislativo tradicionalmente se retoma en marzo), la noticia del fin del actual cuerpo de senadores, que no agradó en ciertos grupos, se transformó en el principal tema de conversación en los pasillos del Congreso.
El hecho generó una crispación particular en el Partido Socialista, que había asumido una postura institucional en defensa de la bicameralidad (un Congreso con dos ramas legislativas) en la Convención Constitucional.
De hecho, la molestia de los personeros socialistas, en especial entre quienes son o serán parte de su bancada en la Cámara Alta, se hizo explícita a través de las declaraciones del senador Rabindranath Quinteros, quien reclamó que las negociaciones en las que participaron convencionales PS, encabezados por Ricardo Montero, no representaban al partido. “El PS no está a favor de eliminar el Senado. En la bancada jamás hemos hablado de eso. ¿Quién es Montero?… Es un error quitarle atribuciones al Senado, que es la Cámara revisora”, dijo Quinteros.
La molestia, sin embargo, no es solo con los negociadores socialistas en la Convención. Las críticas del PS también apuntan a lo que consideran una falta de conducción de parte del futuro gobierno de Gabriel Boric con los convencionales del Frente Amplio, ya que todo cambio institucional, cuyos efectos políticos y electorales pueden ser impredecibles, afectará inevitablemente la marcha de la nueva administración presidencial. Ello, en un contexto en que tanto el mandatario electo como su entorno han defendido la autonomía de la Convención y sus integrantes.
