Economistas y parlamentarios han planteado que no todo está perdido tras el rechazo de la reforma tributaria en la Cámara de Diputados, y se han dado a conocer distintas alternativas que permitirían recaudar los recursos necesarios para poder llevar a cabo las medidas y transformaciones que comprometió el Presidente Gabriel Boric.
Entre ellas se ha dicho que mejorar el gasto del Estado, tanto en programas sociales como en las compras públicas, podría ser una opción. Esto, sumado a los proyectos legislativos que contienen otras medidas impositivas.
Por ejemplo, los impuestos correctivos «verdes» y «saludables», que se aplican en las normativas sobre combustibles y al cuidado de la salud, respectivamente.
Del mismo modo, se encuentra el proyecto denominado «royalty minero» que contempla una recaudación de 0,6% del PIB y que ya se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado. En él se modifica la escala de tasas para aplicar el impuesto en función del margen operacional de las empresas mineras que produzcan cobre en una cantidad mayor a 50.000 toneladas métricas de cobre fino, las que fluctuarán entre un 8% y un 26%.
En esa línea, el proyecto establece que para el cálculo de margen operacional se permite descontar los gastos propios de la faena productiva, insumos y la depreciación.
Además, se propuso establecer un impuesto ad valorem de tasa plana de 1% para la gran minería del cobre cuya explotación supere las 50 mil toneladas métricas de cobre fino, excluyendo de esta forma a la mediana minería. Mientras que en el caso de que el margen operacional sea negativo, no procederá el pago de este gravamen.
Asimismo, entre las modificaciones que ingresó el Ejecutivo el año pasado al proyecto, se incluye una distribución de sus recursos a regiones, por medio de tres fondos que en total sumarían US$ 450 millones. A través del «Fondo de compensación de externalidades para las comunas mineras», 29 comunas de las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y O’Higgin recibirá una inyección de US$55 millones anuales.
El «Fondo de apoyo para la equidad territorial» contará con recursos por US$ 170 millones anuales, lo que implica un incremento de US$ 100 millones respecto a las indicaciones de octubre, beneficiando a 302 comunas que dependen del Fondo Común Municipal. Finalmente, el «Fondo regional para la productividad y el desarrollo» recibirá un aporte anual de US$ 225 millones, y se distribuirá de acuerdo con las reglas del fondo nacional por el desarrollo regional a los Gobiernos Regionales.
Estas modificaciones fueron parte de las negociaciones de los legisladores con el Ejecutivo en la comisión de Minería y Energía del Senado. En enero de este año, los miembros de la comisión aprobaron el proyecto y lo despacharon al órgano de Hacienda, instancia que aún no ha comunicado cuándo se reunirá a evaluar el proyecto.
La iniciativa está bastante avanzada en materia legislativa. Ingresó al Congreso en septiembre del 2018 y en mayo del 2021 fue aprobado y despachado al Senado por la Corporación. Ahora, en este segundo trámite constitucional, solo quedaría que la comisión de Hacienda revise el proyecto y luego lo despache a votación en Sala.
Posteriormente, la Cámara Baja deberá aprobarlo por última vez para que pueda ser despachado a ley.
