A contar del 1 de enero de 2023, los servicios profesionales remunerados que hasta ahora no pagaban IVA estarán sometidos a la carga fiscal del 19%.
Si bien la normativa estipula ciertas excepciones, como por ejemplo el transporte de pasajeros, la educación y servicios de salud ambulatorio, además de las sociedad profesionales que cumplan una serie de requisitos definidos en el Servicio de Impuestos Internos, diversos gremios de sectores de servicios que sí estarán afectos han llamado a postergar la entrada en vigencia.
La ley fue promulgada en febrero de este año bajo la administración anterior como una forma de recaudar mayores ingresos para el financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU).
Sin embargo, a pocos días de la implementación, sectores empresariales – y también parlamentarios – han manifestado su preocupación, argumentando que esto atenta contra la recuperación económica.
Al respecto, también se ha referido el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien aseguró que están estudiando el tema en busca de soluciones, pero de todas formas criticó el hecho de gremios estén levantando alarmas recién a pocos días de que entre en vigencia la normativa, cuando tuvieron meses para exponer sus reparos.
Con todo, los senadores Demócratas, Ximena Ricón y Matías Walker, comenzaron a meter presión. Es que presentaron un proyecto de ley que busca postergar la entrada en vigencia del IVA a los servicios al 1 de enero del 2024. Un año. Dentro de las consideraciones que plantearon los parlamentarios en su iniciativa se indica que «el Informe de Política Monetaria de diciembre del 2022, el Banco Central, al igual que otros informes nacionales e internacionales se han indicado que el año 2023 Chile tendrá un decrecimiento, sumo a una inflación que supera en 4 veces del objetivo para el país».
Asimismo, sostienen que «la forma en que quedó redactada la ley, se rompe el principio de neutralidad tributaria, ya que, por un lado, los ciudadanos por ciertos servicios quedaran gravados con IVA, y dependiendo de la forma que esté organizado el prestados del mismo servicio, en otros casos no estará gravado».
Además, «la propia interpretación administrativa del Servicio de Impuestos Internos ha intentado corregir los vacíos de la ley, contemplando en los servicios de sociedades profesiones, e incluyendo en la excepción a servicios prestados por no profesionales, criterio que no está contemplado en la ley».
Finalmente, se establece que «con el objeto de enfrentar la difícil situación económica del país, no resulta conveniente incrementar el costo de los consumidores finales de servicios, y al mismo tiempo, una prorroga de su entrada en vigencia permitiría hacerse cargo de las dudas interpretativas de la ley».
