La polémica en torno a la Universidad San Sebastián (USS) a raíz de la suscripción de contratos directos con instituciones del Estado alcanzó a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, dependiente del Ministerio de Salud, luego de que se informara que la casa de estudios aprobó tres convenios con la cartera por 461 millones de pesos en 2018 y 2019.
Previamente, un reportaje de Ciper reveló el viernes que la Subsecretaría de Educación pagó 1.479 millones de pesos en tratos directos a la universidad entre agosto de 2018 y febrero de 2020, fechas en que la hoy candidata a la alcaldía de Las Condes Marcela Cubillos lideraba como ministra la cartera de Educación.
La otrora secretaria de Estado también ha estado en el ojo del huracán por el cuestionado sueldo bruto que presuntamente recibía en la USS -17 millones de pesos- mientras ejercía como docente desde 2020 hasta agosto de este año.
En la controversia ahora se ve involucrada la subsecretaría del Ministerio de Salud, que firmó dos contratos directos con la casa de estudios. Uno fue aprobado por el entonces subsecretario Luis Castillo -en agosto de 2018- por más de 43 millones de pesos, para extender programas de formación de ocho profesionales.
Los otros dos fueron autorizados por Arturo Zúñiga -quien asumió el cargo en 2019, después de la renuncia de Castillo- en septiembre y noviembre de aquel año, por 417 millones de pesos a fin de pagar programas de capacitación y especialización de médicos cirujanos.
Zúñiga se desempeña como vicerrector de Comunicaciones, Admisión y Marketing de la USS desde abril de 2023; y Castillo, antes de asumir como titular de Redes Asistenciales, era decano de la Facultad de Medicina de la misma casa de estudios.
DIPUTADA MEDINA: «PUEDE QUE NO SEA SOLO LA USS LA CUESTIONADA»
La diputada Karen Medina (independiente, por la bancada de Demócratas y Amarillos) se refirió al caso y compartió la necesidad de llevar adelante las investigaciones de estas aristas.
«Este tipo de trabajo con las universidades hoy, tanto de la subsecretaría como los municipios vemos que ha sido parte normal de su trabajo y de su desempeño. El problema está aquí, dentro de lo que es ético», manifestó.
«Es súper importante ver la funcionalidad de este tipo de convenios que se hacen con las casas de estudios: puede que no sea sólo la USS la que esté siendo cuestionada», alertó.
«También habría que poner mucho ojo en lo que está haciendo actualmente el Gobierno, que terminan igual ocupando estas prácticas, algo muy similar a lo que ha sido el caso fundaciones», concluyó.
La casa de estudios emitió un comunicado interno donde su rector, Hugo Lavados, volvió a defender el rol de Cubillos, sosteniendo que cumplió su papel «en tiempo y forma»; y evaluó interponer acciones legales por los perjuicios de «difamación» que ha sufrido la universidad.
