La controversia se originó luego de que el Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) informara, en una reunión sostenida el 20 de febrero y ratificada por el concejo municipal, la decisión de trasladar a los menores y al equipo de funcionarias al Jardín Infantil Burbujitas. Sin embargo, las familias afectadas argumentan que esta alternativa vulnera sus dinámicas laborales, dado que el establecimiento receptor opera bajo una modalidad de atención incompatible con sus horarios. Además, advierten que el drástico cambio geográfico y la ruptura del entorno de seguridad representan un profundo impacto psicológico para los niños. Amparados en el derecho constitucional de elegir el establecimiento educativo, los apoderados consideran que la medida no respeta el interés superior del niño consagrado en tratados internacionales.
Frente a este escenario, los padres propusieron formalmente al alcalde Jaime Bertín Valenzuela el arriendo de un recinto transitorio, sugiriendo el inmueble conocido como «Gota de Leche» u otro espacio de características similares en el mismo radio geográfico. Esta exigencia cuenta con el respaldo de la Asociación de Funcionarias VTF Osorno. Su presidenta, Margarita Pichumilla Díaz, elevó una solicitud paralela dirigida a la máxima autoridad comunal, al Secretario Regional Ministerial de Educación, Juan Eduardo Gómez Vera, y al Director Regional de la JUNJI Los Lagos, Francisco Valdés Lagos. En el documento, la dirigente gremial demanda no solo un espacio que albergue a toda la plantilla original —incluyendo directoras, educadoras, técnicos y manipuladora de alimentos—, sino también la instauración de un plan de contingencia que brinde apoyo de salud mental integral para toda la comunidad siniestrada.
La tensión administrativa se mantiene a la espera de una resolución definitiva, ya que las respuestas iniciales del municipio delegaron la responsabilidad al DAEM, acción que fue desestimada por las familias y el gremio por considerar imperativa la presencia de la primera autoridad comunal. Invocando la Ley de Lobby y normativas de protección a la niñez, los afectados han solicitado una audiencia urgente y presencial con el alcalde para este lunes 9 de marzo de 2026, coincidiendo con su retorno del feriado legal. La comunidad educativa ha enfatizado su disposición al diálogo, pero mantiene firme su postura de participar activamente en el diseño del plan de mitigación, exigiendo soluciones que prioricen la estabilidad pedagógica y humana frente a la crisis de infraestructura.
Fuente: Paislobo.
