A tres meses del triunfo del Rechazo en el plebiscito constitucional del 4 de septiembre, los partidos políticos lograron un acuerdo para impulsar un nuevo proceso constituyente.Desde el Partido Comunista (PC) hasta la UDI acordaron que será un “Consejo Constitucional”, con participación de expertos, pero sin voto en el proceso.
El acuerdo plantea que sea un órgano cien por ciento electo, de 50 representantes, el que escriba la nueva propuesta de Carta Magna, el cual, estará acompañado de 24 expertas y expertos, en el inicio y al final del proceso.
El grueso de la propuesta será redactada por los 50 representantes electos, quienes de todos modos deberán cumplir los «bordes» constitucionales que habían sido acordados previamente por los partidos políticos.
Serán ellos los que participen de las comisiones que se creen y quienes tengan derecho a votar las normas que se proponen.
El rol de los expertos
La participación de los expertos fue lo que trabó la conversación en los últimos días, y lo que retrasó la firma de un acuerdo entre todos los partidos políticos con representación en el Congreso que participaban de los diálogos.
Finalmente, serán 24 expertos designados por el Congreso: 12 serán escogidos por la Cámara de Diputadas y Diputados, y los otros 12 por el Senado.
Su rol será colaborar con la armonización del texto, sobre el final del proceso, y también con las normas transitorias en el mismo cierre del proyecto.
La idea también es que presenten un anteproyecto, sobre el que puedan trabajar los representantes electos.
Recordemos que este acuerdo firmado por los partidos políticos, desde el Partido Comunista (PC) hasta la UDI debe ser apoyado en el Congreso con un quórum de cuatro séptimos (4/7). La participación de la mayoría de los sectores en este diálogo, debería facilitar este proceso.
Acuerdos previos
Tras el triunfo del Rechazo en el plebiscito constitucional el pasado 4 de septiembre, los partidos políticos iniciaron un proceso de diálogo que, más allá del mecanismo para redactar la nueva Constitución, ya habían logrado algunos compromisos.
En octubre se acordó tener “bordes” para la nueva Constitución, es decir, los límites dentro de los que podrá trabajar el nuevo órgano constituyente. Entre estos destacan que los pueblos originarios son parte de la “nación chilena”, se reconoce a Chile como un Estado “social y democrático”, y destaca la exclusividad del Poder Ejecutivo para hacerse cargo del gasto fiscal.
También hubo un acuerdo para que un «árbitro» vigile que estos puntos se cumplan. Ellos serán un “comité técnico” compuesto por 14 abogadas y abogados, de forma paritaria. Estos especialistas serán nombrados por el Congreso y estarán a cargo de “resguardar la neutralidad y el respeto de las bases institucionales del proceso constituyente”, dijo en su momento el presidente del Senado, Álvaro Elizalde (Partido Socialista), quien dirige estas conversaciones.
