El Gobierno anunció este jueves que interpondrá ante el Ministerio Público una denuncia por la filtración de un audio de la reunión que sostuvo el Presidente Gabriel Boric con diputados y senadores de la Macrozona Sur, que fue grabado sin su consentimiento y difundido a la prensa.
El Jefe de Estado conversó el martes por la noche con parlamentarios de la Macrozona Sur en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar, días antes de un nuevo viaje a La Araucanía, que concretará mañana viernes.
En total, fueron 18 los legisladores de La Araucanía y Biobío que estuvieron en la cita, de los cuales cuatro son oficialistas y 14, de oposición, de acuerdo con Emol.
Desde el oficialismo participaron las diputadas Erika Ñanco (Revolución Democrática) y Clara Sagardía (independiente con cupo Convergencia Social) y los senadores Gastón Saavedra (Partido Socialista) y Jaime Quintana (Partido Por la Democracia).
De la oposición, en tanto, concurrieron por la bancada del Partido Republicano los diputados Stephan Schubert (independiente) y Mauricio Ojeda (independiente) y la senadora Carmen Gloria Aravena; por el comité Social Cristiano la diputada Gloria Naveillan (independiente); por la UDI los diputados Henry Leal y Flor Weisse; por Renovación Nacional el senador José García y los diputados Juan Carlos Beltrán, Miguel Mellado, Miguel Becker y Jorge Rathgeb; por el comité del Partido de la Gente los diputados Karen Medina y Jorge Saffirio (independiente); y por el movimiento Amarillos la diputada Joanna Pérez (independiente).
El caso quedó radicado en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), que encabeza Álvaro Elizalde, el nexo entre La Moneda y el Congreso Nacional, quien confirmó la decisión de interponer una denuncia.
«Me voy a comunicar con todos los parlamentarios que asistieron a la reunión, uno a uno,para informarles de esta situación, porque tampoco se trata de generar un manto de sospecha respecto de todos. Una persona que habría participado lo habría registrado, pero, de todas maneras, nos parece un hecho grave, que lesiona confianzas fundamentales, y por eso es muy importante que se siente un precedente», dijo Elizalde.
Este episodio se suma a otros sonados escándalos de filtraciones de audios en la historia reciente del país, como el de la excanciller Antonia Urrejola, que en enero tildó de «loco» al embajador de Argentina, Rafael Bielsa; el del expresidente Sebastián Piñera, que el 19 de octubre de 2019 dijo que se decretaría toque de queda a raíz del estallido social, o el de su esposa, la exprimera dama Cecilia Morel, que comparó la ola de manifestaciones con «una invasión alienígena».
«ME PARECE MUY BIEN QUE ASÍ SEA», DICE EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA ANTE EVENTUAL DESAFUERO DE RESPONSABLE
El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic (Partido Liberal), dijo a Cooperativa que el responsable de la filtración debería ser desaforado.
«Aquí hay un delito y, por lo tanto, esto tiene que tener una persecución que puede significar el desafuero de ese parlamentario. En este caso, la Fiscalía tiene que iniciar una investigación y, con ayuda de la PDI, podrá detectar, a través de los teléfonos celulares, saber quién fue la persona que hizo la filtración. Efectivamente, aquí hay una posibilidad -y me parece muy bien de que así sea- de desaforar a ese parlamentario», señaló el líder de los parlamentarios.
«Esto tiene sede judicial, sin perjuicio de que la Comisión de Ética pueda también sancionar al responsable. El desafuero es una cuestión que se pide y que tiene que hacer la corte», agregó Mirosevic.
El desafuero es un antejuicio mediante el cual se determina la situación de procesabilidad de un diputado o senador en materia de responsabilidad penal.
Este acto jurídico remueve la protección del fuero parlamentario, a través del cual, en virtud del artículo 61 de la Constitución, ningún legislador, desde el día de su elección o desde su juramento, puede ser acusado o privado de libertad.
Es decir, el desafuero habilita para acusar penalmente a un parlamentario, someterlo a medidas cautelares como la prisión preventiva y eventualmente condenarlo a una pena. Dicha resolución es apelable ante la Corte Suprema.
Si por sentencia firme se declara no haber lugar a la formación de causa, se sobreseerá definitivamente al parlamentario. En cambio, si se declara haber lugar a formación de causa y se desafuera, el diputado o senador desaforado queda suspendido de su cargo y el acusado queda sujeto al juez competente.
El caso más reciente es el de la diputada María Luisa Cordero (independiente con cupo RN), desaforada desde el 8 de junio a raíz de la querella por injurias graves con publicidad presentada por la senadora Fabiola Campillai.
