El expresidente argentino Alberto Fernández fue procesado este jueves por la Justicia de su país, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la contratación de seguros estatales. La medida fue adoptada por el juez federal Sebastián Casanello, quien además embargó al exmandatario por más de 11,6 millones de dólares.
Fernández está imputado por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en una causa donde también fueron procesadas otras 33 personas, entre ellas su exsecretaria privada, María Cantero, y su marido, el bróker de seguros Héctor Martínez Sosa.
La trama detrás del caso: seguros, comisiones y vínculos personales
La causa se centra en el decreto 831, firmado por Fernández en diciembre de 2021, que obligó a todos los organismos públicos argentinos a contratar seguros exclusivamente con Nación Seguros, empresa del estatal Banco Nación. Según la investigación, esa normativa benefició directamente a Martínez Sosa, esposo de la asistente del expresidente, quien habría intervenido como intermediario cobrando comisiones millonarias.
De acuerdo al fallo judicial, Martínez Sosa se vio beneficiado por gestiones impulsadas desde la Presidencia, en un esquema que, según el fiscal Ramiro González, habría representado un uso irregular de los recursos públicos.
Además del procesamiento del expresidente, el juez dictó medidas cautelares contra otros involucrados: Cantero fue procesada por negociaciones incompatibles e incumplimiento de deberes de funcionaria pública, mientras que el extitular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, fue acusado por administración fraudulenta agravada y negociaciones incompatibles.
La investigación se originó por una denuncia presentada por la abogada Silvina Martínez, quien advirtió que la operación habría sido diseñada para beneficiar a personas cercanas al expresidente mediante comisiones de seguros impuestas sin licitación.
