En virtud de las millonarias pérdidas que han registrado en 2026 los fondos más conservadores
del sistema de AFP, la Bancada de Diputados de la Unión Demócrata Independiente declara:
- La responsabilidad que se les ha confiado a las Administradoras de Fondos de Pensiones
exige actuar con absoluta diligencia, prudencia, transparencia y cuidado. No sólo porque
así lo establece expresamente nuestra legislación, sino porque hablamos de los ahorros
que, con mucho esfuerzo y sacrificio, millones de trabajadores han construido a lo largo
de su vida laboral y de los cuales dependerán –en gran medida– sus futuras jubilaciones. - Sin embargo, el cumplimiento de esas obligaciones nos genera serias dudas a raíz de los
antecedentes conocidos últimamente. Si bien aún no se ha determinado si las AFP
actuaron fuera de los límites legales, todo apunta a que asumieron riesgos excesivos con
el propósito de obtener mayores incentivos económicos a partir de rentabilidades más
altas, demostrando una codicia desmedida y una absoluta indiferencia con los recursos
de los chilenos que confiaron en esos fondos precisamente por sus características. - Más grave aún resulta que las AFP hayan recibido reiteradas advertencias sobre los riesgos
asumidos, a lo que se suma que el regulador de la época tampoco habría adoptado las
medidas necesarias para evitar lo ocurrido, situación que requiere ser esclarecida pronto. - En consecuencia, y ante la gravedad de los hechos conocidos públicamente, hemos
acordado solicitar al Gobierno que presente, en el corto plazo, un plan extraordinario de
compensación con cargo directo al patrimonio de las AFP y dirigido a los mayores de 60
años que en 2026 mantenían sus ahorros en los fondos más conservadores del sistema,
evitando así que las recientes pérdidas terminen afectando sus futuras pensiones. - Asimismo, si bien valoramos que la Superintendencia de Pensiones haya iniciado un
procedimiento sancionatorio contra las siete administradoras, estamos convencidos de
que las responsabilidades deben ir más allá de las eventuales sanciones administrativas.
Por lo anterior, y como un acto mínimo de decencia con los afectados, exigimos que todos
los gerentes, ejecutivos y directores que participaron directamente en estas operaciones
den un paso al costado, puesto que resultaría vergonzoso que quienes tomaron estas decisiones pretendieran seguir administrando los recursos de millones de chilenos. - Por último, reafirmamos nuestra plena convicción de que el sistema de capitalización
individual, basado en el ahorro y la propiedad de los trabajadores sobre sus fondos
previsionales, es el camino correcto para construir mejores jubilaciones en el país. Por lo
mismo, ante el fracaso de los sistemas de reparto en el mundo, seguiremos defendiendo
su fortalecimiento frente a cualquier amenaza o intento por debilitar un modelo serio y
responsable. Sin embargo, defender el actual sistema también exige que quienes
administran los fondos previsionales respondan por sus decisiones y sean ellos, y en
ningún caso los propios trabajadores, quienes asuman las consecuencias de sus actos.
