La Ilustre Municipalidad de Osorno, en su rol de sostenedora, interpuso una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de la comuna en contra de F.F.F., directora de la Escuela Especial Ana Aichele. La acción legal la imputa como presunta autora de los delitos de fraude al Fisco, falsificación ideológica de instrumento público, malversación de caudales públicos y hurto agravado. Los hechos denunciados incluyen la validación de pagos irregulares con fondos públicos a un docente que no habría cumplido sus funciones y la sustracción de alimentos destinados a los estudiantes, la cual habría sido registrada por cámaras de seguridad en mayo de 2025.
El primer pilar de la querella se centra en hechos ocurridos durante el año 2024. Según el documento, la directora F.F.F. habría validado de manera fraudulenta la asistencia y, por consiguiente, el pago de remuneraciones al docente M.A.C.A. durante el mes de enero de ese año. La acusación sostiene que la directora tenía pleno conocimiento de que el profesor se encontraba con licencias médicas psiquiátricas activas, emitidas en la ciudad de Rancagua, y que no prestó servicio alguno en el establecimiento osornino.
Estos pagos se habrían financiado con recursos del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), cuyo uso está estrictamente regulado y vinculado a la prestación efectiva de servicios. La querella subraya que la conducta de la directora indujo a error al Departamento Administrativo de Educación Municipal (DAEM), permitiendo un desembolso indebido de fondos públicos. Adicionalmente, la acción penal denuncia que la directora omitió deliberadamente informar de estas inasistencias al DAEM, su superior jerárquico y sostenedor del establecimiento.
El segundo hecho descrito en la querella ocurrió en mayo de 2025 cuando la directora fue presuntamente captada por las cámaras de vigilancia del propio establecimiento mientras retiraba, «sin autorización ni procedimiento formal alguno», cajas de leche líquida y sacos de papas desde la cocina de la escuela.
Estos alimentos, según consta en la denuncia, pertenecían al Programa de Alimentación Escolar «JUNTÉMONOS» de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), y estaban destinados exclusivamente al consumo de los estudiantes beneficiarios. El documento legal enfatiza que no existe ningún registro, acta de entrega o autorización que respalde dicho retiro, configurándose una «apropiación de bienes públicos fuera de todo marco legal».
