La Corte Suprema de Perú determinó que el expresidente Pedro Castillo continúe en la cárcel, al rechazar la apelación que presentó su defensa contra los 18 meses de prisión preventiva que recibió el pasado 15 de diciembre, una semana después de ser destituido por intentar disolver el Congreso y gobernar por decreto.
«Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ratifica resolución que ordenó 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo, investigado por el delito de rebelión (alternativamente, conspiración para rebelión) en agravio del Estado», señaló el Poder Judicial.
En la resolución, la Sala declaró «infundado el recurso de apelación» presentado por la defensa de Castillo y «fundado en parte» el pedido de la Fiscalía para que se varíe la orden de comparecencia con restricciones impuesta en primera instancia al exprimer ministro Aníbal Torres y le impuso el impedimento de salida del país por 18 meses.
La fiscal suprema adjunta Silvia Sack Ramos explicó que el Ministerio Público pide que Castillo continúe en prisión por la gravedad del intento de golpe de Estado y el peligro de fuga.
También pidió que se revoque la comparecencia con restricciones dictada para Torres, quien era asesor jurídico de Castillo, y que continúe el proceso en prisión preventiva puesto que, según sus palabras, éste «no fue un simple espectador» del anuncio del exgobernante y participó en su diseño y planificación.
BOLUARTE AFIRMA QUE SU RENUNCIAR PROVOCARÍA ANARQUÍA
Por otra parte, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, afirmó que su renuncia al cargo, como piden algunos sectores afines a su antecesor Pedro Castillo, no resolvería la crisis política en el país y, más bien, generaría «anarquía» e impediría un proceso electoral transparente y ordenado.
En declaraciones a la Asociación de la Prensa Extranjera en el Perú (APEP), Boluarte reiteró que con su renuncia «no se resuelve absolutamente nada», pues con su permanencia en el Ejecutivo puede trabajar en «las reformas políticas para entregar un país ordenado, con garantías jurídicas, sin que haya un atisbo de fraude» en las elecciones anunciadas para abril de 2024.
«Garantizaremos unas elecciones limpias, honestas y transparentes», remarcó.
Boluarte comentó que, si ella renuncia a la presidencia de Perú, «vendría a asumir el presidente del Congreso (el excomandante de las Fuerzas Armadas José Williams), quien a su vez tendría que llamar en pocos meses a unas elecciones generales y el país estaría «caminando sobre el mismo desorden político».
La mandataria confirmó que el próximo 10 de enero el gabinete ministerial va a pedir el voto de confianza al Congreso porque «el Perú tiene que empezar a crecer con responsabilidad». «Los peruanos estamos cansados de que los políticos llegan a ser autoridades y se convierten en ladrones», expresó Boluarte en referencia a los escándalos de corrupción que afectan a las autoridades en diversos estamentos del Estado.
