La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), junto a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y las organizaciones que integran la Mesa del Sector Público convocaron para este jueves a una paralización «en defensa del empleo público y la estabilidad laboral», tras el nuevo criterio de la Contraloría sobre la «confianza legítima».
La movilización está agendada a las 8:30 horas en el frontis de la Contraloría, donde el presidente de la ANEF, José Pérez, encabezará una manifestación. Luego, a las 11 horas, se iniciará una marcha por la Alameda, donde el presidente de la CUT, David Acuña, realizará punto de prensa para establecer los principales puntos de las movilizaciones que se realizarán en 15 ciudades del país.
¿Por qué se convocó al paro?
El 8 de noviembre pasado se conoció que la nueva contralora General de la República, Dorot
Al respecto, la ANEF declaró que «hemos sido firmes en rechazar el cambio en el principio de confianza legítima dictado por la contralora General de la República, Dorothy Pérez Gutiérrez, que pone en riesgo la estabilidad laboral de miles de funcionarias y funcionarios públicos que están a contrata y que, este 29 de noviembre, vivirán una jornada de inseguridad absolutamente evitable. Es un imperativo ético para esta dirigencia sindical desplegar las acciones necesarias para revertir esta situación».
«Nos resulta del todo urgente que el Gobierno cumpla con los compromisos adquiridos con nuestras asociaciones afiliadas, en particular a los que se refieren al fortalecimiento institucional, cuya esencia no solo proyecta un mejoramiento laboral, sino que también un perfeccionamiento en el servicio que se entrega a diario a la ciudadanía», añadió.
«Hacemos nuestras las demandas de la Mesa de Sector Público con respecto al pleno cumplimiento de la agenda laboral: Reducción de la jornada laboral a 40 horas para el sector público, legislación de una ley de teletrabajo en el Estado, incentivo al Retiro, entre otras materias. Exigimos al gobierno un reajuste salarial real y digno con un piso de un 3% por sobre el IPC acumulado anual», agregó la ANEF.hy Pérez, cambió el criterio sobre este derecho adquirido, es decir, si a un funcionario público se le renovaba la contrata por más de dos años, entonces podía tener la confianza legítima de que se le iba a volver a renovar y que sólo podía ser desvinculado a través del sistema de calificaciones o sumario administrativo.
Sin embargo, tras varios pronunciamientos de la Corte Suprema, la contralora modificó este criterio y desde ahora la confianza legítima opera después de cinco años para los empleados públicos a contrata, por lo cual si se les desvincula antes de ese período no se configura un actuar ilegal o arbitrario.
