El presupuesto que tuvo la Convención Constitucional pasada y los gastos que realizaron los constituyentes en el año que duró el órgano fueron motivo de discordia entre varias sectores: por un lado se acusó que el presupuesto era insuficiente para un proceso como ese y por el otro, que se trataba de un «despilfarro».
La discusión se repetirá en estas semanas, dado que el nuevo proceso constituyente necesitará financiar a los nuevos consejeros, tal vez a los expertos y las distintas actividades que realicen. Por el momento no es claro cuánto podría costar, pues primero es necesario conocer el detalle de los estamentos, funcionarios, y tareas que tenga el órgano.
Según la información que entregó Segpres en junio de este año, la Convención tuvo un presupuesto de cerca de 22.000 millones de pesos. Por lo pronto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseguró que los recursos para solventar el nuevo proceso están contemplados en el Presupuesto 2023 a través del Tesoro Público.
«La provisión para financiamientos comprometidos del Tesoro Público en la Ley de Presupuesto permite generar recursos para financiar esta instancia», explicó. Pero con los antecedentes del proceso previo, desde la oposición y en parte del oficialismo plantean que los gastos deberían reducirse sustancialmente y lograr un proceso más «austero».
«Nos hemos preocupado de que el Consejo Constitucional sea un tercio de lo que fue la Convención, que dure la mitad, que tenga una lógica mucho más austera en todos los elementos, porque entendemos que Chile tiene que equilibrar dos desafíos: resolver el tema constitucional y cuidar las finanzas públicas», dijo el diputado Diego Schalper (RN).
Como parte de esta «austeridad», Schalper plantea que el Congreso absorba los gastos de la Comisión Experta, sobre la base de reasignaciones de presupuestos relacionados a asesorías, biblioteca e incluso la posibilidad de que se disminuyan las asignaciones parlamentarias. Pero otro planteamiento en la línea de reducir los gastos tiene relación con cortar otras actividades de los futuros consejeros, como los viajes a regiones o asesorías, que fueron parte de la Convención pasada.
«Al tener el mismo modelo del Senado, todas las regiones vamos a tener representantes, no es necesario sesionar en las regiones. No se pueden dar ese lujo. Vamos a designar un grupo de expertos, ellos van a ser los asesores de todo este cuerpo colegiado que es el Consejo Constituyente.
Además, tenemos que ser súper responsables: los partidos deben elegir a quienes tengan la capacidad de enfrentar un proceso tan importante», agregó el jefe de bancada de los Ind. PPD, Cristián Tapia. Los gastos en campaña Otro elemento que mencionan los parlamentarios es la posibilidad de recortar los gastos asociados a la campaña.
«Debiera ser más austero desde el punto de vista del gasto electoral. Aspiramos a un techo de no más de un tercio de lo que hoy establece la ley. Un senador en Santiago, símil de un consejero, está autorizado por ley a gastar hasta 1.500 millones de pesos. Me parece bien poner un techo a ese gasto y al aporte fiscal», comentó el jefe de bancada de la DC, Eric Aedo.
En eso coincide el jefe de bancada de los diputados republicanos, José Meza, quien advierte que si bien no es un tema que ya hayan cerrado como bancada, lo han conversado y su compromiso es que el proceso «le cueste lo menos posible a los chilenos».
«Vamos a buscar que se le pague lo menos posible, ojalá cero, a los expertos y a los convencionales, que no exista devolución por parte del Servel de las campañas y que no tengan posibilidad de contratar asesores», dijo.
¿Sueldo a los consejeros?
La discusión que marcó este martes fue la posibilidad de que los expertos reciban una remuneración, ya que el presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic, aseveró que trabajarían ad honorem, lo que fue refutado incluso por el Mandatario Gabriel Boric. Pero todavía no hay luces sobre la dieta de los nuevos constituyentes.
Quienes integraron la Convención recibieron 2.500.000 mensuales, más 4 millones mensuales que tenían como asignaciones para sus actividades mensuales.
«Esta será una materia que se tendrá que definir al momento de elaborar el proyecto de reforma constitucional que debe ingresar a la Cámara. Esperamos que sea prontamente resuelto, son estos detalles que también son importantes. Estimo que debe ser un sueldo de acuerdo a lo que ya se llevó adelante en el primer proceso», opinó el diputado Marcos Ilabaca (PS).
Para el diputado UDI Juan Antonio Coloma, «tanto consejeros como expertos deben recibir algún tipo de remuneración para evitar que solo puedan ser consejeros quienes tienen un patrimonio abultado que les permita vivir de sus ahorros. Pero va a ser menos de la mitad del tiempo, menos de la mitad de electos, no habrá contratación de asesores. Solo eso lo reduce (el presupuesto) en más de un 70%».
Según planteó la diputada Catalina Pérez (RD), tampoco se ha debatido un monto específico, pero la dieta para los consejeros forma parte de un «consenso general en que todos quienes participan del proceso deben ser remunerados para poder definir con libertad las diversas posturas».
