La Cámara de Diputadas y Diputados se pronunciará este miércoles sobre la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, jornada en la que se definirá si el libelo sigue su curso y pasa al Senado o es desestimado.
El texto de la acusación consta de siete capítulos, que apuntan principalmente a la vulneración del derecho de los padres a educar a sus hijos. El trabajo de la comisión revisora comenzó esta semana, con expertos invitados.
El diputado Tomás Hirsch (Acción Humanista), miembro de esta comisión, dijo esperar que en el proceso «prime la cordura».
«En base a lo expresado y a lo que hemos podido escuchar y analizar de nuestros invitados e invitadas, esta acusación no tiene ninguna viabilidad real. Es más bien, una acusación de corte político, con legítimas diferencias que se pueden tener, pero no hay argumentos suficientes para que se apruebe», aseguró.
«Espero que en la Cámara prime la cordura y ningún ánimo de otro tipo, y efectivamente esta acusación sea rechazada», añadió el excandidato presidencial.
CASO JUNAEB
En la oposición defienden que la acusación siga su curso y el diputado Diego Schalper (RN) hizo especial hincapié en la reciente acusación de irregularidades en la Junaeb, en la que -asegura- que el ministro tiene responsabilidad.
«Pillamos una irregularidad y las preguntas que está haciéndose la defensa son dos: uno, ¿el ministro no tiene deber de control directo, porque es un servicio dependiente? O sea, decir que el ministro de Educación no tiene nada que ver con que se produjo una cosa como eso en la Junaeb, nos parece escandaloso. Y lo otro (que dice la defensa) es que estos hechos no dicen relación con la acusación… Perdón, el capítulo sexto de la acusación explícitamente se refiere a estas licitaciones, estos sobrepagos y esta situación en particular», manifestó Schalper.
Sin embargo, el diputado y presidente de la comisión, Héctor Ulloa (independiente-PPD), apoya que la denuncia sobre la Junaeb no es parte de la acusación constitucional, por lo que no debería ser tomada en cuenta al momento de la votación.
De ser aprobada en la Cámara y el Senado la acusación constitucional, el ministro Ávila sería destituido y quedaría inhabilitado para cargos públicos por los próximos cinco años.
