El presidente de Argentina, Alberto Fernández, fue denunciado por parte de la oposición bajo los delitos de “sedición” y “traición a la patria”, luego que el mandatario se negara acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que lo obligaba a restituir fondos a Buenos Aires.
“Desobedecer el fallo de la Corte Suprema es desobedecer el orden constitucional ¡Tienen que ir presos! Con (los diputados nacionales) Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet presentamos una denuncia por el delito de sedición y traición a la Patria”, escribió la líder dePropuesta Republicana (PRO) -principal facción opositora-, Patricia Bullrich en su cuenta de Twitter.
Bullrich, quien también se posiciona como posible candidata presidencial para 2023, incluyó el documento que presentó ante la Justicia argentina demandando al jefe de Estado y a otros 18 gobernadores provinciales del país que apoyaron la decisión de Fernández.
“Las personas denunciadas incurrieron en una usurpación de funciones que implica un grave atentado contra el orden democrático, lo que, conforme al artículo 36 de la Constitución Nacional, implica la nulidad de sus actos”, remarcó la denuncia.
“Esos actos deben ser sancionados con las penas previstas para los traidores a la patria, es decir, la inhabilitación perpetua de sus autores para el ejercicio de cargos públicos, su imposibilidad de acceder a los beneficios del indulto o la conmutación de pena y la imprescriptibilidad de las acciones legales para perseguirlos”, concluyó el documento.
El viernes pasado, el mandatario argentino ya había sido denunciado por la ex diputada y líder de la Coalición Cívica -otra facción de la oposición-, Elisa Carrió, junto a legisladores de su bloque acusándolo de los delitos de alzamiento, desobediencia judicial, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, según consta en el texto al que tuvo acceso EFE.
Además, la denuncia se extiende a funcionarios del gabinete de Fernández, como el ministro de Interior,Eduardo De Pedro; el de Economía,Sergio Massa; y el jefe de Gabinete, Juan Manzur.
La controversia por los fondos comenzó en 2020, cuando el Gobierno del peronista Fernández recortó los ingresos que debe girar a la capital, un estado autónomo como las provincias argentinas, en concepto de distribución de los impuestos que el Fisco recauda y que deben ser repartidos entre las provincias y la ciudad de Buenos Aires.
El alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, una de las principales figuras de la oposición, acudió a la Corte Suprema, que el pasado miércoles le dio la razón y dictaminó que el Poder Ejecutivo restituya a Buenos Aires el 2,95% de los fondos de la denominada coparticipación federal.
La ciudad debe recibir 180.000 millones de pesos (997 millones de dólares) adicionales a los que ya percibe.
