Un operativo coordinado entre la Fiscalía de Osorno y la SIP de Carabineros permitió desbaratar una banda dedicada al tráfico de drogas, logrando la incautación de dos kilos de cannabis y cinco millones de pesos. La justicia decretó prisión preventiva para los líderes, mientras la Fiscalía apeló la libertad de otros dos imputados.
El Fiscal Narciso García, de la Fiscalía Local de Osorno, entregó los detalles del procedimiento realizado el pasado 5 de febrero por efectivos de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros. La diligencia, enmarcada en una investigación por infracción a la Ley de Drogas, culminó con el allanamiento del domicilio del principal investigado y la detención de cinco personas: cuatro adultos y un adolescente de 17 años.
Durante el registro del inmueble, las fuerzas policiales lograron la incautación de aproximadamente dos kilogramos de cannabis sativa, una suma cercana a los cinco millones de pesos en efectivo, dos vehículos y diversos elementos utilizados para la dosificación y comercialización de las sustancias ilícitas, como pesas grameras y teléfonos celulares.
En la audiencia de control de detención y formalización realizada este viernes 6 de febrero, el Tribunal de Garantía de Osorno acogió la solicitud del Ministerio Público respecto a los dos imputados de mayor peligrosidad. Se decretó la prisión preventiva para el blanco principal de la investigación y para un segundo sujeto que ya registraba condenas por delitos de la misma naturaleza.
Sin embargo, respecto a los otros dos adultos detenidos, el tribunal desestimó la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía, imponiendo medidas de menor intensidad como arraigo nacional y arresto domiciliario parcial. Ante esta resolución, el fiscal García interpuso un recurso de apelación verbal en la misma audiencia, por lo que será la Corte de Apelaciones de Valdivia la que deberá resolver si estos sujetos ingresan o no a prisión. En cuanto al adolescente, se decretó arraigo nacional, arresto domiciliario nocturno y sujeción a vigilancia de la autoridad. El tribunal fijó un plazo de investigación de 100 días.
Fuente: Paislobo.
