La Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu) inició una demanda compensatoria en contra un grupo de automotoras para que estas reembolsen dinero a los compradores de más de 185.000 vehículos que sufrieron perjuicios derivados del sobreprecio del transporte marítimo.
De acuerdo con la agrupación, «la concertación comercial -sancionada judicialmente tanto en Chile como en el extranjero- subió artificial y coordinadamente los costos del transporte marítimo entre el año 2000-2012. Estos sobreprecios fueron, finalmente, traspasados por las automotoras a los consumidores, sin compensarlos debidamente, como indica la ley, por el perjuicio sufrido».
Entre las automotoras demandadas se incluyen BMW, Ford, Chevrolet, Piamonte, Subaru, Valenzuela & Delarze, Pompeyo Carrasco, Salfa, Salazar & Israel, Portillo, Kia, Derco y Mazda Chile, las que según Odecu «trasladaron los sobrecargos de flete de vehículos sin tomar medidas para evitar o compensar esta anomalía, a pesar de la sentencia contra las navieras».
El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) y la Corte Suprema en el año 2020 condenaron a las navieras NYK, MOL y CSAV por su participación en el cartel de transporte marítimo, estableció que infringieron la Ley 211 al llegar a acuerdos para aumentar artificialmente los precios en las rutas entre Europa y América.
«Una vez descubierto y sancionado el cartel, las automotoras no tomaron medidas para compensar a los consumidores, como han hecho otras empresas comerciales en todo el mundo. Lo anterior constituye una falta de profesionalismo que deja a los consumidores en indefensión, toda vez que son quienes han soportado directamente los efectos económicos del ilícito y el sobreprecio», explicó Stefan Larenas, presidente de Odecu.
El objetivo de la demanda es «proteger los intereses colectivos de los clientes que fueron obligados a pagar costos excesivos de transporte marítimo de vehículos nuevos entre los años 2000-2012».
Odecu exige que las automotoras demandadas paguen una indemnización de 212.665 pesos a cada afectado, en concepto de daño emergente, daño moral y daños punitivos. Asimismo, se solicita un aumento del 25% en la indemnización debido a la negligencia de las demandadas.
