A sólo tres días del Plebiscito que definirá si se aprueba o rechaza la propuesta de nueva Constitución, distintos grupos se han manifestado en favor de una u otra opción. Esta vez, un grupo de 1.225 abogados firmó una carta en la que llaman a votar Rechazo este domingo, argumentando que «la institucionalidad que esboza la propuesta elaborada por la Convención Constitucional presenta reparos graves», ya que «concentra el poder en organismos con mucho poder político y débiles contrapesos».
Según señalan los abogados, «el Poder Judicial, nuestro baluarte para el ejercicio de un adecuado control jurisdiccional, se estructura de forma tal que depende del poder político», debido a que «el proyecto crea un Consejo de Justicia que, tal como lo señala el art. 342, está encargado de los nombramientos, gobierno, gestión, formación y disciplina en el Sistema Nacional de Justicia».
«Este Consejo cuenta con múltiples atribuciones y está compuesto por una minoría de jueces (8 de 17). El resto de sus integrantes son designados por el poder político. El Congreso de Diputadas y Diputados designa 5 de sus miembros, los integrantes de pueblos indígenas, dos más y los dos restantes son funcionarios del Sistema de Justicia elegidos por sus pares», agregan.
Junto con esto, los abogados cuestionan el proceso legislativo que propone el texto, ya que a su juicio «pierde el balance y control propio del bicameralismo. Producto de la eliminación del Senado, Chile pierde una institución de profunda raigambre histórica y política, la cual ha permitido perfeccionar el trabajo legislativo articulando acuerdos amplios, mejorando la calidad técnica de las normas en discusión e incorporando en forma equitativa las posturas de cada una de las regiones del país».
«Esta institucionalidad, estamos convencidos, no logrará unir a los chilenos sino que imponer con fuerza un ideario político que hará muy difícil, quizás imposible, la alternancia en el poder», enfatizan.
«La democracia requiere cuidados» Por otro lado, quienes suscribieron la declaración subrayan que «debemos levantar la voz y explicar en términos claros y precisos los alcances de estas y muchas otras normas que afectan el estatuto de nuestras aguas, minerales, naturaleza, la educación que queremos dar a nuestros hijos, la libertad de optar por sistemas privados de pensiones o de salud y la garantía con que se protegen los bienes que con esfuerzo hemos podido adquirir. En todos estos ámbitos la iniciativa privada y la libertad de elección se reducen y, en muchos casos, desparecen».
«La democracia requiere cuidados. En nuestra región son especialmente frágiles. Chile debe robustecer la suya con instituciones sólidas que den garantías de certidumbre y racionalidad», advierten.
Asimismo, indican que «nadie puede restarse de esta tarea, menos los abogados. Por ello hemos dejado de lado nuestras diferencias políticas y de cualquier naturaleza para conformar un bloque transversal que aporte en forma seria e informada al debate constitucional. Muchos de nosotros estuvimos por aprobar en el plebiscito de entrada. Hoy, por el contrario y con mucha tristeza, sentimos que nuestro deber es anteponer el interés de Chile y velar porque su institucionalidad nos permita formar un país de hermanos, iguales ante la ley, un país donde los derechos y libertades fundamentales se respeten siempre, donde nuestras iniciativas en cualquier campo sean bienvenidas».
«Buscaremos la manera adecuada de ayudar pues el costo de restarnos hoy es demasiado alto. Queremos poder decirle a las futuras generaciones: cuando se necesitó a los abogados estuvimos disponibles, recorrimos Chile y sacamos la voz. El proyecto que se plebiscitará el 4 de septiembre debe ser rechazado», acotan.
