«A preparar las fuerzas, a organizar la resistencia armada, por la autonomía, por el territorio». Esas fueron las palabras con las que el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, manifestó el pasado 11 de mayo su rechazo a lo que entonces sería un «estado intermedio» en la macrozona sur, que finalmente se convirtió en un estado de excepción, aunque con el matiz de «acotado».
Los dichos generaron duras críticas al Gobierno luego que descartara una querella en contra del dirigente mapuche. «Nos parece más eficaz incorporar estos antecedentes a denuncias que ya estás hechas, no a una querella nueva», dijo la semana pasada el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
La decisión fue defendida por el propio Presidente Gabriel Boric, quien afirmó que su administración «persigue delitos y los va a perseguir con todo el peso de la ley. Nuestro Gobierno no persigue ideas ni declaraciones».
Según se informa, a la fecha ya son cinco los delitos por ataques armados e incendiarios que se deberán perseguir, adjudicados por diversos grupos radicalizados que operan en la zona. Estos incluyen el que ayer terminó con la vida del trabajador mapuche Segundo Catril Neculqueo, tras una emboscada a un minubus de 30 trabajadores en Lumaco, y que según la CAM, no está vinculado al tipo de accionar que protagonizan la zona.
