En medio de la discusión por la acusación constitucional presentada contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, un grupo transversal de parlamentarios anunció una reforma a la Constitución destinada a elevar los requisitos para presentar y aprobar este tipo de acciones fiscalizadoras.
La iniciativa fue presentada este viernes por senadores de distintos sectores políticos, entre ellos Javier Macaya (UDI), Andrea Balladares (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Vlado Mirosevic (Partido Liberal), Paulina Vodanovic (PS), Diego Ibáñez y Beatriz Sánchez (FA). La propuesta será respaldada además por diputados que impulsarán un proyecto espejo en la Cámara.
Los impulsores sostienen que el Congreso enfrenta una creciente “temporada de acusaciones constitucionales” que amenaza con desnaturalizar una herramienta concebida para situaciones excepcionales.
Uno de los principales cambios plantea aumentar de 10 a 20 las firmas requeridas para ingresar una acusación constitucional. Según los autores, esto obligará a construir consensos más amplios antes de activar el mecanismo.
La reforma también establece que, en el caso de los ministros de Estado, deberá realizarse previamente una interpelación parlamentaria antes de presentar un libelo acusatorio. El objetivo es agotar instancias de control político previas a una eventual solicitud de destitución.
Otro de los puntos centrales busca elevar el umbral para aprobar una acusación. Actualmente basta la mayoría de los diputados presentes en sala, mientras que la propuesta exige el respaldo de la mayoría de los diputados en ejercicio, equivalente a un mínimo de 78 votos.
Asimismo, el proyecto modifica las causales aplicables a los ministros de Estado, estableciendo que las infracciones a la Constitución o a las leyes deberán ser de carácter “abierto”, es decir, manifiestas y plenamente acreditables.
El diputado Diego Schalper defendió la iniciativa señalando que el recurso debe recuperar su carácter excepcional. “Nosotros creemos que esto tiene que cambiar, y por lo mismo hemos presentado una reforma constitucional, que lo que hace es fortalecer la acusación constitucional, exigirle más firmas para que venga mucho más empoderada, establecer que para acusar a un ministro de Estado y que realmente esto sea de última ratio, usted tenga que interpelarlo”, sostuvo.
El parlamentario agregó que también se busca “exigir un quórum de aprobación de al menos 78 diputados para darle un carácter de seriedad”.
La propuesta surge en un contexto marcado por la tramitación de la acusación constitucional contra Grau, que será votada la próxima semana en la Cámara de Diputados. Sin embargo, quienes respaldan la reforma han enfatizado que esta discusión es independiente del resultado de ese proceso y responde a una preocupación más amplia sobre el uso de esta herramienta fiscalizadora.
Entre los argumentos que respaldan el proyecto figura la preocupación por el impacto que estas acciones pueden tener sobre la gestión gubernamental y el riesgo de que se transformen en instrumentos de confrontación política permanente. Los promotores de la reforma sostienen que el objetivo no es limitar las facultades fiscalizadoras del Congreso, sino resguardar la legitimidad de una herramienta que, a su juicio, debe utilizarse únicamente cuando existan fundamentos sólidos y un amplio respaldo político.
Fuente: El Mostrador.
