“El Presidente que acepta las renuncias y todas las decisiones de los ministros y subsecretarios son de él (…), por supuesto que los ministros opinan”. Con estas palabras el ministro de Seguridad, Martín Arrau, comenzó a explicar un requerimiento que planteó al tomar la cartera: evaluar la salida de Andrés Jouannet –con quien mantenía diferencias en migraciones y el plan carcelario– con su par de Prevención del Delito, Ana Quintana.
Para el exconvencional republicano, tener bajo su mando a un exsecretario político del expresidente Aylwin, doctor en Filosofía y con más de 30 años de carrera política en temas de seguridad interior y extranjería, no le resultaba cómodo. Así lo entendieron ambos, 48 horas después de que Arrau llegó a la Secretaría de Estado.
La reciente salida del ahora exsubsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet, se presentó inicialmente como un ajuste de gestión para una nueva hoja de ruta. Sin embargo, con el correr de las horas –según fuentes cercanas al proceso–, se hizo evidente que se escondía una incompatibilidad de perfiles y que había varios choques técnicos entre un subordinado y un superior al que –advierten– “le acomoda definir rápido y sin cuestionamientos”.
Cercanos al cambio de autoridades comentan que el ministro Arrau tiene un liderazgo que busca un equipo “muy afiatado y propio”, para su marcada tendencia a “decidir todo personalmente”; mientras que el exdiputado DC y expresidente de Amarillos representaba un “tipo curtido” en política que no encajaba en el modelo de “cabros más nuevos” o “ejecutores directos” que el ministro prefería para su gestión.
“Desde el inicio de la gestión de Arrau, se notó una ausencia total de cercanía. Jouannet, por su experiencia, olió que no habría una buena relación de trabajo, debido a la forma en que el ministro asumió el cargo”, señala una fuente de la cartera.
Roces técnicos por Gendarmería y migraciones
Según relatan testigos, entre ambos se registraron “cruces” y roces técnicos previos en reuniones de gabinete, cuando Arrau estaba en Obras Públicas. Los desacuerdos más profundos se dieron en torno a la “cuestión carcelaria” y el manejo de Gendarmería, áreas donde ambos personeros mantenían planteamientos divergentes.
Al mediodía de este martes, el ministro con raíces en el Ñuble explicó que la salida se debía a un “cambio de rumbo” y de gestión en el ministerio, lo que requería perfiles profesionales distintos para la nueva hoja de ruta.
Y sobre el espacio político para lo que era el Amarillos por Chile, Arrau señaló que “el único equilibrio (político) que nos interesa acá es recuperar el control de las calles, barrios, villas y poblaciones, que la gente esté más tranquila” y añadió que “todos los que estamos en política representamos ciertas sensibilidades, pero aquí lo importante es el plan que existe, que vamos a presentar (…). Eso es lo que le importa a la gente más que estas discusiones políticas”, enfatizó el ministro Arrau.
Para algunos funcionarios del Gobierno cercanos a la Concertación, la forma en que se presentó la salida no cayó bien: no se pactó la forma en que se llevaría a cabo ni se avisó con antelación. El punto más crítico fue el intento inicial de hacer trascender que la remoción se debía a una “evaluación”, gesto que fue interpretado como una “deslealtad innecesaria”.
Finalmente, como una forma de compensar la salida y aprovechar su experiencia, Jouannet fue reubicado por el Presidente Kast en el Segundo Piso de La Moneda. Algunos dicen que ambos lo conversaron “un rato”; otros no lo confirman ni descartan. En este nuevo rol, se dedicará a temas de migración y seguridad, áreas donde se le reconoce que opera con ventaja.
El plan Arrau: inteligencia financiera, intervención barrial y régimen carcelario de máxima seguridad
En una sesión ante la Comisión del Senado en el área, el recién asumido ministro Arrau detalló los ejes del nuevo Plan Operativo de Seguridad Pública, una estrategia integral para recuperar el control territorial y combatir el crimen organizado. El plan se estructura sobre tres pilares fundamentales: prevención, control e institucionalidad, y contempla la creación de siete focos de gestión específicos que operarán mediante fuerzas de tarea especializadas.
En lo territorial, se intervendrán 50 barrios prioritarios por su peligrosidad y se recuperarán ejes cívicos con alto flujo peatonal. El plan incluye una agenda legislativa donde el Ejecutivo dará suma urgencia a 22 proyectos en el Congreso e ingresará tres nuevos este mes, que incluirían el aumento del plazo de flagrancia a 24 horas y sanciones a encapuchados.
Según explican desde el Gobierno, el diseño Arrau considera un fuerte énfasis en inteligencia financiera, con la idea de “perseguir el dinero y su ruta” para desarticular al crimen organizado, coordinando al Ministerio Público, la PDI y Gendarmería para mejorar el flujo de información del Estado.
Uno de los primeros pasos operativos será la intervención en una lista preliminar de barrios prioritarios, seleccionados bajo criterios de peligrosidad y alta ocurrencia de delitos. Arrau anunció que en las próximas semanas se iniciarán procesos de “copamiento” o intervención tanto en estos sectores como en ejes cívicos estratégicos que presentan un alto nivel de deterioro.
Cinco cárceles en 2026 de control estricto
En materia de infraestructura, el Ministerio de Seguridad firmará próximamente un convenio con las carteras de Justicia y Obras Públicas para ejecutar un plan a seis años que sumará más de 20 mil nuevas plazas penitenciarias.
Entre los proyectos destacados se encuentra el complejo El Arenal, una cárcel concesionada en la Región de Atacama para 2.160 internos, cuya construcción comenzará el próximo año, y la habilitación completa de la recién inaugurada cárcel La Laguna en Talca, actualmente con 30% de capacidad, y que espera su habilitación total para alcanzar 2.320 plazas.
Según mencionó en el Congreso el propio Arrau, para finales de año, el Gobierno busca habilitar cinco recintos con módulos de máxima seguridad destinados a “líderes criminales y asesinos múltiples”.
El régimen para estos internos será de extrema severidad: permanecerán en celdas individuales, vestirán uniformes del Estado (trajes amarillos y con azul), solo podrán salir al patio entre una y dos horas al día –esposados– y tendrán un régimen de visitas restringido. “Ellos comen y hacen todo dentro de su celda”, precisó el secretario de Estado al detallar el estándar.
Fuente: El Mostrador.
