El Gobierno resaltó el impacto que ha causado en las familias la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones Alimenticias, conocida también como «Ley Papito Corazón», y llamó a activar estos procesos que -dijo la ministra de la Mujer- «funciona».
La ministra Antonia Orellana detalló este martes que desde la implementación de esta legislación, los Tribunales de familia han ordenado el pago de más de 1 billón 360 mil millones de pesos a través de los mecanismos que establece la ley.
De este monto, ya se han pagado más de 588 mil millones desde cuentas bancarias, instrumentos financieros y fondos de pensiones, casi el doble de lo pagado al mes de mayo de este año.
En ese sentido, Orellana resaltó que «así como ha aumentado la cifra de pensiones pagadas y también de deudores que salieron del registro porque llegaron a acuerdo, también ha ido aumentando la deuda. ¿Por qué? Porque más mujeres, principalmente, se han ido animando a presentar su demanda o, como decimos nosotras, a activar el proceso».
«El volumen total de cuánto se le debe a los niños y niñas y a sus madres es un número que no tenemos hoy y, por lo tanto, probablemente veamos que la cifra aumente en la medida que el sistema va mejorando su cumplimiento. Pero por el momento hay mucha cifra que está en la sombra y que, por lo tanto, por eso vamos a insistir: Invitamos a todas y todos a activar el proceso porque funciona», enfatizó.
El Presidente Gabriel Boric, por su parte, afirmó que «es emocionante escuchar cómo políticas públicas bien hechas, políticas públicas con una visión distinta, con una visión de género, con una visión puesta en la mujer pueden cambiar la vida de las personas».
A noviembre, hay más de 250 mil deudores con deuda vigente en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, pero gracias a las consecuencias establecidas en la misma ley y a los mecanismos de pago de la Ley de Responsabilidad Parental, también se registran más de 106 mil cancelaciones desde su creación, lo que quiere decir que más del 37% de los deudores que han ingresado al registro han pagado sus deudas o han llegado a un acuerdo de pago ante tribunales.
