La ley corta de pensiones anunciada por el gobierno tiene como contexto el aún incierto cuarto retiro del 10% de las AFP. Desde las razones más nimias; las personas ya perciben ostensiblemente un mayor costo de la vida (mayor inflación por los retiros, entre otros) y están conscientes que menoscaban su pensión futura (muchos ya no tienen nada que retirar).
Aquí la regresividad no es base ni tasa (“como el IVA”), sino que la regresividad es sistémica en un sentido amplio: retiran más dinero los que más tienen en sus cuentas de AFP, el costo de la vida sube, el valor del dólar se encarece y se reconfirma (ya hay cero duda) una reforma tributaria de mayor envergadura al incrementarse el costo fiscal para ayudar a las familias que verán menguadas sus pensiones (que ya eran bajas), amén del actual mega-esfuerzo fiscal para paliar la pandemia.
La ley corta aumentaría ahora las pensiones en forma escalonada, aumentando la pensión básica solidaria (con un mínimo de $177.000) y extendiendo la cobertura del aporte previsional solidario (en un máximo de $440.000), alcanzando al 80% de la población. Todo esto tendría un costo fiscal de 1.600 millones de dólares, lo cual dejaría al pilar solidario con una contribución de 3.600 millones de dólares (1,3% del PIB). En forma opuesta, según datos de la Dipres, los cuatro retiros tendrían un costo fiscal de 20.000 millones de dólares, derivados de las contribuciones adicionales a futuro al pilar solidario para complementar/restituir a los que ya nada tienen en sus cuentas individuales, por el no pago de impuestos por los retiros (2 de 3 retiros) y por el uso de mecanismos de ahorro previsional (APV). Sabiendo que un cuarto retiro tiene un costo fiscal no lineal e incluso pudiendo alcanzar los 5.000 millones de dólares, sigue siendo de un costo muy superior al costo fiscal de esta ley corta que va en beneficio directo de los actuales pensionados. Además, un cuarto retiro desde las AFP tiene efectos negativos en las tasas de interés, en la inflación, en el dólar y a mediano plazo en la percepción de aún mayores tributos a los que hoy ya se esperan debido al incremento de gran magnitud del gasto fiscal en pandemia. También tiene como corolario un mayor riesgo país en un escenario en que se han drenado los fondos soberanos (solo en 2021 se han reducido en 12 mil millones de dólares estos activos del tesoro público como consecuencia del mayor gasto fiscal), quedando menos espacio para que el Fisco se financie en el mercado de capitales doméstico.
Desde el punto de vista de las lagunas previsionales, la ley corta carga las cotizaciones al seguro de cesantía en caso de desempleo, para que así las pensiones a futuro no se vean reducidas por esta razón. Una preocupación a futuro es que, de establecerse una pensión básica universal, esta debe ser gradual, y deben mitigarse los incentivos perversos de informalidad; pero ante recursos futuros muy escasos (ya un hecho), estos deberán focalizarse en aquellos más vulnerables (y no necesariamente universalizarlos).
Pero está claro que quedan al debe los gobiernos desde el 2015 hasta la fecha por no haber aplicado las recomendaciones de la Comisión Bravo para mejorar el sistema de AFP (porcentaje de cotización, seguros, etc.). Sin embargo, la actual ley corta es más beneficiosa económica y socialmente que un cuarto retiro de los fondos previsionales y sobre todo no desfonda los ahorros de toda una vida de los trabajadores.
LaTercera
