El 5 de mayo recién pasado, el Juzgado de Familia de Paillaco instruyó a AFP Capital SA retener el tercer retiro del 10% de los fondos previsionales solicitado por afiliado que mantiene deudas por concepto de pensión de alimentos; sin embargo, la empresa, dos días después, el 7 de mayo, pagó a través de BancoEstado los fondos que, por resolución judicial, estaba obligada a cautelar.
Frente a dicho incumplimiento, la magistrada del tribunal paillaquino Lucía Massri Ergas declaró responsable solidaria a la AFP por el no pago de la deuda alimentaria, al haber impedido o frustrado su cancelación con el fondo que debía resguardar, por lo que le ordenó, bajo apercibimiento de multa y arresto a su representante, pagar lo adeudado con fondos propios en un plazo de 10 días.
“Que, consta en el folio 69 la respuesta de AFP Capital, indicando que efectivamente recibieron, con fecha 5 de mayo de 2021, la medida cautelar decretada y que no se retuvieron los fondos, agregando, además, que fueron entregados directamente a su afiliado con fecha 7 de mayo de 2021, fondos que ascendían a la suma de $1.032.707”, consigna el fallo.
La resolución agrega: “Que, así las cosas, existiendo una declaración de la Administradora de Pensiones Capital de haber incumplido la orden judicial, pese a estar en pleno conocimiento de ella, orden que, además, aseguraba el pago de una deuda por pensión de alimentos, minimizando el menoscabo que aquello significa para los alimentarios de autos”.
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL:
“I. Que se declara a Administradora de Fondos de Pensiones CAPITAL RUN 98.000.000-1, solidariamente responsable del pago de la deuda que actualmente mantiene su afiliado, don (…), en (…) esta causa, considerando hasta la suma de la última liquidación practicada con fecha 7 de mayo de 2021.
II. Que dicho lo anterior, se ordena al representante legal de AFP CAPITAL, don Jaime Francisco Munita Valdivieso cédula de identidad (…) a pagar, con los fondos de la institución previsional que representa, la suma de $847.592. Esta suma deberá ser depositada a la cuenta de ahorro a la vista de la demandante doña (…), cédula de identidad (…), que corresponde a la (…) del Banco Estado de Chile, dentro de un plazo no superior a diez días hábiles, de conformidad a lo dispuesto en ley artículo único de la ley 21.330, bajo apercibimiento de que si así no se hiciere, se procederá a aplicar las multas o derechamente el arresto por dos meses, al representante legal de la Administradora de Fondos de Pensiones CAPITAL, don Jaime Francisco Munita Valdivieso (…)”.
