A ocho años del inicio de la causa judicial por el caso SQM, este miércoles está contemplado que el exsenador UDI Pablo Longueira y el excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami (PRO) se presenten ante tribunales para el inicio del juicio oral.
En 2015 se destapó el caso SQM de financiamiento ilegal de la política, el que surgió como una arista del caso Penta, y por el cual Longueira arriesga 818 días de presidio y multas por cohecho, mientras que a ME-O la Fiscalía lo acusó por delitos tributarios y solicitó cuatro años de cárcel.
Según consignó La Tercera, en esta audiencia habrá ocho imputados de los 180 que en un inicio fueron investigados y que posteriormente fueron sobreseídos o el Ministerio Público decidió suspender bajo condiciones los procedimientos. A la fecha, sólo ha habido 10 condenas.
Los otros acusados citados son: el exgerente general de SQM, Patricio Contesse; la secretaria de Longueira, Carmen Valdivieso; el exdiputado Roberto León; la secretaria de la presidencia de la UDI, Marisol Cavieres; el exsecretario general del Partido Progresista, Cristián Warner, y el exembajador Marcelo Rozas. Soborno, cohecho y delitos tributarios son los ilícitos que se le imputan.
CRÍTICAS POR LA EXTENSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Tanto de la defensa del exparlamentario como del excandidato presidencial existen críticas por la extensión que ha tenido esta investigación. «Aquí tenemos fiscales que tienen carga exclusiva de este caso, que reciben viáticos y que han dilatado esta investigación. Esto afecta al derecho y a la justicia. No tiene justificación, salvo que hay fiscales que han dilatado esta investigación. Toda la responsabilidad es de ellos», afirmó el abogado de Longueira, Alejandro Espinoza.
Asimismo, añadió que «después de ocho años hemos llegado al juicio que siempre hemos querido, que es un juicio público, ante la ciudadanía, para demostrar la inocencia de mi representado. Por eso hemos rechazado todas las propuestas de término por acuerdo por parte de la Fiscalía».
Por su parte, el defensor de ME-O, Ciro Colombara, indicó que «pese a que hay varios abogados y abogadas con dedicación exclusiva al caso lo han dilatado lo indecible y han cometido errores que significan que a 24 horas del inicio del juicio oral aún no tengamos el auto de apertura definitivo, el cual tendrá casi 6.000 páginas».
En tanto, uno de los primeros querellantes de este caso fue la ONG Ciudadanía Inteligente y su director ejecutivo, Octavio del Favero, aseguró que «este caso es una prueba de fuego, especialmente para el nuevo fiscal nacional, para demostrar su compromiso para poner término a este capítulo vergonzoso de la política chilena, y también el de los tribunales con perseguir de manera decidida los delitos de corrupción»
«Esperamos la rigurosidad y el máximo empeño por parte de los distintos actoresinvolucrados, por tanto, que en este caso se establezcan de forma clara las responsabilidades de las personas correspondientes y las sanciones adecuadas de acuerdo a la gravedad de los hechos que se están investigando», añadió.
