El informe final elaborado por la Comisión para la Paz y el Entendimiento, instancia convocada por el Ejecutivo para abordar el histórico conflicto territorial con los pueblos indígenas, ha generado un intenso debate político luego de confirmarse que no contó con el respaldo unánime de sus integrantes, condición que la propia comisión había fijado como requisito para validar sus recomendaciones.
El voto disidente del presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, Sebastián Naveillán, impidió el consenso total, lo que fue duramente criticado por diversos parlamentarios de la oposición. Entre ellos, la diputada Gloria Naveillán (Partido Nacional Libertario) acusó un incumplimiento grave del acuerdo inicial. “Borraron con el codo lo escrito por la mano. Traicionaron al sur del país, a los agricultores y al derecho de propiedad”, expresó, apuntando directamente a los comisionados Alfredo Moreno y Carmen Gloria Aravena.
Por su parte, el diputado Henry Leal (UDI) sostuvo que la comisión “partió incumpliendo sus propios acuerdos”, lo que, a su juicio, debilita la legitimidad del proceso. En tanto, la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, también criticó la entrega del documento al Presidente Gabriel Boric, señalando que “no hubo unanimidad, pero igual se entregarán las propuestas”. Además, anunció que la senadora Carmen Gloria Aravena presentó su renuncia al partido tras adherir al informe final, acusándola de apoyar una postura “incompatible con los principios” de la colectividad.
En contraste, el diputado Andrés Jouannet (Amarillos) adoptó una postura más moderada y lamentó la falta de acuerdo pleno, aunque recalcó que se puede avanzar desde los puntos comunes. “El error fue tratar de abarcar demasiado. Lo urgente es que el Estado comience a funcionar efectivamente en La Araucanía”, señaló.
Pese a la disidencia, la Comisión decidió entregar igualmente sus recomendaciones al Presidente Boric, quien deberá evaluar el curso a seguir en este complejo proceso que busca reconciliar las demandas de los pueblos originarios con los derechos de propiedad y la seguridad en la macrozona sur.
