A cinco años del denominado estallido social, el Instituto Nacional de Derecho Humanos (INDH) entregó un balance a nivel nacional, identificando la cifra total de querellas interpuestas, las sentencias condenatorias ejecutadas y diversos detalles sobre las víctimas. Según indicaron, el INDH interpuso 3.233 querellas por un total de 3.828 víctimas, de las cuales, la justicia -hasta el 31 de julio pasado- había dictado un total de 42 sentencias condenatorias ejecutoriadas.
La institución calificó esta cifra como «preocupante», sosteniendo que han pasado cinco años desde que se «registraron numerosas y graves violaciones a los DD.HH., un porcentaje importante de las causas comenzará su prescripción por los plazos legales». Situación que podría atribuirse -señalan- al complicado escenario que vive la justicia del país, a los años de pandemia y también a la falta de recursos de las instituciones colaboradoras en las investigaciones.
Del total de las víctimas, 2.852 son hombres (75%) y 973 son mujeres (25%), existiendo tres casos en los que no se contó con esta información. En las querellas del INDH hay 227 personas que fueron víctimas de lesión ocular. Y del total de víctimas consignadas, 3.640 sufrió alguna lesión sin resultado de muerte, mientras que siete murieron.
Desde el instituto sostuvieron que es importante considerar que un total de 1.481 víctimas pertenecen a uno o más grupos de especial protección y que 603 eran niños, niñas o adolescentes. El 20% de las mujeres denunció algún hecho de violencia sexual, es decir, violación, amenaza de violación, tocaciones o desnudamientos, siendo este porcentaje casi el doble que en el caso de los hombres.
En cuanto a los hechos vulneratorios, estos se cifran en 5.581, siendo las agresiones físicas directas la causa más denunciada (2.095), seguida por disparos (1.887) y desnudamientos (386). Según informó el INDH, la mayor parte de los hechos (3.958) ocurrieron en sitios públicos, mientras que en 745 casos, habrían ocurrido en lugares de custodia y en 592 casos en vehículos de traslado.
Desde el instituto explicaron que, según la información recabada, las vulneraciones denunciadas durante el estallido social tienen un factor común: «Ocurrieron en espacios donde los medios de prueba resultan complejos de reunir», haciendo referencia a sitios de privación de libertad o durante escaramuzas callejeras.
Lo anterior, aseguran que dificulta la determinación de las responsabilidades, aludiendo al bajo número (42 de 3.233) de sentencias condenatorias ejecutoriadas. Tras lo que el jefe (s) Unidad de Protección INDH, David Bahamondes sostuvo que este análisis evidencia que «la impunidad ha sido la tónica de los resultados de la mayoría de los procesos seguidos ante la justicia. Junto con la obligación de dar justicia y de dar verdad, persiste la obligación de reparar el daño sufrido a las víctimas».
De esta manera, manifestó que «el acceso a la justicia es una obligación del Estado para con las víctimas, especialmente con aquellas que sufrieron daños físicos permanentes (…) a la inversa, la impunidad en numerosos casos de violación a los DD.HH. en el contexto de la crisis, es una mala señal para el país».
Finalmente, Bahamondes declaró que «solo a partir de la justicia, la verdad y la reparación, es posible propender a la no repetición de este tipo de hechos en el futuro. Solo a través del irrestricto respeto a los Derechos Humanos, lograremos la sociedad democrática que el país necesita».
