Ayer se dio a conocer el contenido del proyecto de Ley de Presupuesto 2024 con la cantidad por la que el Presidente de la República podrá emitir deuda durante el próximo año. Según consigna El Mercurio, la iniciativa indica que el Primer Mandatario podrá contraer obligaciones hasta por US$ 19.500 millones. A eso, se autoriza otro monto de US$ 1.500 millones, totalizando US$ 21.000 millones.
La nota detalla que en el texto del Presupuesto 2023, la autorización para endeudarse sumaba US$ 17.000 millones y que en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) de julio se proyectaba que el saldo final del endeudamiento bruto en 2024 se situaría en 40,9% del PIB y preveía una estabilización en 42% del PIB hacia el año 2027.
También, dice el artículo, la iniciativa contempla que durante el próximo año el Presidente de la República podrá otorgar la garantía del Estado a los créditos que contraigan o a los bonos que emitan las empresas del sector público, y universidades estatales, hasta por la cantidad de US$ 500 millones.
En el artículo 29, agrega, también se autoriza al Ministerio de Hacienda a impartir instrucciones de presupuesto de caja a empresas públicas, con el fin de promover la austeridad en la gestión y proteger el patrimonio de las mismas.
Opiniones de expertos
Patricio Rojas, economista y socio de Rojas y Asociados, dijo a El Mercurio que el próximo año «es bastante probable que la deuda aumente en línea con un déficit de 1,9% del PIB, pero si los supuestos son optimistas quiere decir que los ingresos van a ser menores a lo contemplado, por tanto vamos a tener menos ingresos, un déficit mayor y la deuda contemplada para el Presupuesto de 2024 en términos efectivos va a ser mayor».
A eso, agregó que «podríamos terminar con una deuda cercana al 41,8% del PIB». El economista del Observatorio del Contexto Económico de la U. Diego Portales, Juan Ortiz, en tanto, señaló en el artículo que el nivel de endeudamiento de US$ 19.500 millones corresponde a 5,7% del PIB aproximadamente y si a ello se suma el monto de los US$ 1.500 millones adicionales, el total de deuda de los US$ 21.000 millones sería de 6,2% del PIB.
El académico señaló, en todo caso, que la deuda estatal «no va aumentar en dicho valor, ya que en el mismo año 2024 se realizan pagos de amortización de la deuda interna (…). Pero sí es un indicativo de los desembolsos máximos de nueva deuda, que será pagada en el corto y mediano plazo».
Proyecto endurece normas por Caso Convenios
Fue algo que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, al ser consultado, repitió en varias ocasiones: las normas que regulan los convenios y las transferencias, serían revisadas. Al respecto, El Mercurio detalla que «uno de los primeros ajustes es que se establece el deber, salvo norma en contrario, de que la asignación sea a través de un proceso concursal, así como los casos excepcionales en que se permitirá la asignación directa de recursos.
Del mismo modo, se estipula la necesidad de la suscripción de convenios en forma previa a la realización de estas transferencias».
«Respecto de las transferencias consolidables —señala el artículo— se establece que podrán efectuarse sin necesidad de suscripción de convenio, sin perjuicio de lo que dispongan las glosas de la Ley de Presupuestos o las facultades de los jefes de servicio».
Por último, indica que «se fijan normas de probidad, señalando los deberes de abstención que pesan sobre los funcionarios públicos que intervengan en procesos de concursabilidad, adjudicación o suscripción de convenios de transferencia».
