Continúa la movilización de camioneros en distintas carreteras del país, la cual comenzó el pasado lunes exigiendo más seguridad y rebaja en los precios de los combustibles.
A pesar de que el Ejecutivo llegó a un acta de acuerdo con cinco organizaciones de camioneros, que contempla -entre otras cosas- inyectar recursos extras para el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco) y el congelamiento del precio del diésel por tres meses, surgieron nuevas demandas por parte de los transportistas que se mantienen movilizados.
En medio de ello, el Gobierno endureció el tono y el ministro del Interior (s) Manuel Monsalve no descartó hacer uno de la Ley de Seguridad del Estado para desactivar el paro. Y esta tarde, fue el titular de Hacienda, Mario Marcel, quien se pronunció.
«Hoy tenemos una carta que se le ha enviado al Ejecutivo donde el primer punto es el de rebajar el valor de todos los combustibles en un 30% de forma inmediata y mantenerlo por seis meses», dijo, añadiendo que las mayores demandas exigidas por los camioneros son «despropociadas» y «ligadas a una amenaza».
Marcel detalló el costo fiscal de reducir el precio de los combustibles de la forma que lo piden es del orden de los US$2.500 millones, si es que las actuales condiciones que están moviendo el valor de las bencinas se mantienen como están.
Por otra parte, explicó que «si el dólar subiera un 10% ese costo se incrementaría a US$4.500 millones. Si el dólar subiera un 10% y los precios del combustible volviera a lo que estaba hace un mes atrás, el costo de esto subiría a US$6.500 millones».
El titular comparó este costo a otro beneficios estatales, para reflejar la magnitud de esta petición. «El Bono de Invierno costo mil millones de dólares, un beneficio que alcanzó a alrededor de siete millones y medio de personas. El presupuesto de la salud primaria es de US$3 mil millones. Y el costo de la PGU es de US$ 5.500 millones anuales», sostuvo Marcel.
Finalmente, indicó que «dificultar la vida de todos los chilenos nos parece inadecuado y tiene los problemas de legalidad que ha estado planteado el Ministerio del Interior».
