Como un sin sentido y un riesgo institucional inminente consideran en el Congreso el recorte de $7.064 millones al presupuesto del Ministerio Público, decretado por el Gobierno. Lo que aplica en plena crisis de inseguridad, en que la fiscalía supone ser una pieza clave contra la escalada criminal, en que un ajuste presupuestario no encaja, afirman legisladores.
La rebaja de los recursos se enmarca en un recorte global de $544 mil millones anunciado de manera general por el Ejecutivo, el que surge de un protocolo de acuerdo suscrito en el debate de la comisión mixta de Presupuestos, para lograr un consenso que permitiera destrabar la aprobación de glosas y partidas del erario fiscal para 2025.
En detalle, el impacto «negativo» del recorte en el Ministerio Público, el que pudo conocer «El Mercurio», se da sobre tres áreas críticas: la primera de ellas se focaliza en la persecución del crimen organizado y los delitos de alta complejidad, ante la imposibilidad de reemplazar fiscales y personal, por la reducción de recursos en la Partida 23, del Ministerio Público, específicamente en el subtítulo 21, lo que compromete la capacidad de investigar, de cubrir todas las salas de audiencia, generando retrasos en la tramitación de causas y debilitando la capacidad operativa en investigaciones estratégicas.
La falta de personal adecuado, exacerbada por la pérdida de recursos destinados a honorarios, limitará seriamente la atención a casos de alto impacto, según se advirtió.
