El Gobierno volvió a salir al paso de la nueva polémica por la entrega de pensiones de gracia, por haber sido víctimas de la represión durante el estallido social, a personas que mantienen antecedentes o condenas por delitos, y confirmó que promoverá una ley para regularlo.
El asunto reflotó tras conocerse que Andrés Fuica Fuica, sentenciado por saquear un supermercado durante octubre del 2019 -época del estallido-, es una de las 418 víctimas de hechos cometidos por agentes del Estado que recibe la reparación pecunaria, cifra de la cual 148 solicitudes fueron aprobadas en los últimos meses del mandato de Sebastián Piñera y 270 ya en la Administración de Gabriel Boric.
En septiembre pasado, en la comisión investigadora sobre la entrega del beneficio, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS), había precisado que del total de beneficiados desde el 2022, cerca de 40 han sido condenados por distintos delitos, entre ellos, algunos cometidos durante el mismo estallido.
Este jueves, en tanto, reiteró que «el Gobierno anterior y éste han respetado expresamente lo que decía la glosa (presupuestaria), que decía que había entregar pensiones de gracia a víctimas del estallido social que tenían informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos».
«Ni la ley, ni la glosa ni el reglamento establecían tener a la vista los antecedentes penales de las personas. Por tanto, ni el Gobierno anterior ni éste pidieron los antecedentes penales porque no estaba establecido ni en la ley ni en el reglamento», reforzó.
Sin embargo, opinó que, «a partir de los hechos, nos parece que ese procedimiento evidentemente tiene falencias, y por tanto es razonable y necesario que la autoridad pida los antecedentes penales».
En septiembre ya hubo controversia, luego de que la autoridad expusiera aquellas cifras. Posteriormente, la oposición presentó tres proyectos de ley para impedir la concesión de pensiones de gracia a quienes registren antecedentes o condenas penales, y limitar la discrecionalidad y fomentar la transparencia en la entrega de la misma (boletines 16305-31, 16310-31 y 16304-31).
Más temprano esta jornada, en El Mercurio, Monsalve adelantó que el Ejecutivo ingresará indicaciones para establecer como obligación que las autoridades revisen los antecedentesde los solicitantes de la reparación pecunaria y un mecanismo para revocarla en caso de que estos sean condenados por un delito.
