La ministra del Interior, Carolina Tohá, manifestó «máxima preocupación» a propósito de la orden que emanó el Juzgado de Garantía de Arica. El tribunal tomó la decisión de que se debe dar a conocer el nombre de 56 personas que han actuado como testigos reservados en investigaciones ligadas a Los Gallegos, grupo vinculado al Tren de Aragua.
En ese contexto, la secretaria de Estado sostuvo que «para quienes trabajan día a día en combatir el crimen organizado, esta decisión es como un balde de agua fría». «Son investigaciones muy complejas donde se están persiguiendo grupos criminales muy violentos y donde la legislación requiere entregar condiciones de protección a quienes actúan como testigos en estos casos o como agentes encubiertos para identificar y poder también desarticular estas bandas criminales», continuó Tohá.
La titular de Interior informó que el Ejecutivo está presentando un recurso para que se establezca la nulidad procesal de esta decisión. Asimismo, «estamos preparando un recurso de protección que vaya en auxilio de las personas que están afectadas por esta decisión», agregó. Añadió que «ciertamente el Ministerio Público también hará sus propias gestiones pero como Ejecutivo desde el Ministerio del Interior estamos emprendiendo estas dos acciones que buscan revertir esta decisión».
El anuncio de Tohá se suma a la determinación de la Fiscalía Regional de Arica, que también comunicó que presentará un recurso en la Corte de Apelaciones contra la resolución del juez de garantía Héctor Barraza.
En la investigación, 44 imputados venezolanos, dominicanos, chilenos y colombianos enfrentan cargos por distintos delitos, que incluyen tráfico de drogas, secuestros y homicidios. Es por eso que desde la sede central del Ministerio Público iniciaron la coordinación con Arica para el ingreso de un recurso de protección —que incluye una orden de no innovar— con el fin de proteger a las víctimas, indicaron quienes conocen la causa. Esto se hará, específicamente, mediante la Unidad Especializada en Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional.
