El Gobierno peruano declaró este miércoles el estado de emergencia en todo el país por 30 días, lo que implica la suspensión de los derechos de reunión, inviolabilidad del domicilio y libertad de tránsito, entre otros, mientras evalúa la posibilidad de declarar un toque de queda.
«Se ha acordado el estado de emergencia a todo el país, debido a los hechos vandálicos y violentos, toma de carreteras y caminos que ya son actos que se están estabilizando (…) y requieren de una respuesta contundente y de autoridad», dijo el ministro de Defensa, Alberto Otarola, en respuestas a las protestas antigubernamentales en las que han muerto al menos siete personas.
El Gobierno decretó esta medida tras las manifestaciones y disturbios en los últimos días en diversos puntos del país en los que, por ahora, se han confirmado siete víctimas mortales de protestantes y más de un centenar de policías heridos.
«Se requiere una respuesta contundente y la autoridad de parte del Gobierno», dijo el ministro en el patio del Palacio de Gobierno en una breve comunicación ofrecida mientras se desarrollaba una reunión del Consejo de Ministros.
Explicó que en unas horas se oficializará en una edición especial del diario oficial El Peruano la norma por la que se decreta por 30 días el estado de emergencia a nivel nacional, lo que significa que la Policía Nacional de Perú mantiene el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
«Quiero recordar que la declaratoria del estado de emergencia nacional significa la suspensión de los derechos de reunión, de inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión», indicó Otárola.
El ministro señaló que esta medida ha sido motivada «para que la ciudadanía pueda tener la seguridad y la certeza de que estamos controlando el orden interno y luego vamos a asegurar el libre tránsito y la paz para todos los ciudadanos», dijo al añadir que es necesario proteger las infraestructuras estratégicas para asegurar el bienestar y paz de ciudadanos.
Además añadió que existe la posibilidad de también decretar toque de queda pero que tienen que definir el marco legal de la norma.
Las protestas producidas en los últimos días sobre todo en el sur del país piden la convocatoria de una asamblea constituyente, el adelanto de elecciones, el cierre del Congreso, la dimisión de la presidenta Dina Boluarte y la liberación del exmandatario Pedro Castillo, detenido desde hace siete días tras el autogolpe de estado fallido.
Este lunes, manifestantes invadieron el aeropuerto de la segunda ciudad del país, Arequipa, y una central láctea. Este martes, protestantes tomaron una planta de gas en el departamento de Cuzco y se han sucedido numerosos cortes de carreteras, saqueos de comercios o incendios a instituciones públicas en diversos puntos del país.
