La ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, señaló este jueves que el Gobierno se dio como plazo «hasta fin de año» para negociar los acuerdos laterales -las llamadas side letters- del Acuerdo Transpacífico (TPP-11), antes de ratificar el texto y permitir su promulgación y entrada en vigor.
«Estamos poniendo toda la prioridad y la urgencia para lograr el máximo de side letters posibles (con los otros 10 países miembros del tratado), pero también he conversado esta semana con el presidente y nos hemos dado un plazo hasta fin de año», informó la canciller.
Ante los señalamientos de algunos parlamentarios de que se trata de una fórmula para dilatar la entrada en vigor del texto por parte del Ejecutivo, Urrejola respondió que el plazo acordado «es precisamente porque hay ciertos resquemores de que esta sería una estrategia para demorar la promulgación del tratado, y ese no es el objetivo», agregó Urrejola.
Este miércoles el Presidente Gabriel Boric insistió que «respetará la voluntad expresada en el Congreso», que la semana pasada aprobó el acuerdo.
«Respetamos la voluntad expresada en el Congreso. Más allá de que yo voté en contra (cuando era diputado) y tuvimos reparos, la conversación se ha actualizado, el escenario ha cambiado», reconoció el mandatario en un foro de agricultores.
Considerado el tercer acuerdo comercial más grande del mundo, el TPP-11 busca eliminar o reducir barreras arancelarias en 11 países miembros (Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam) y abarca un mercado de casi 500 millones de personas, lo que representa el 13 por ciento del PIB mundial.
Quienes lo defienden resaltan que abre la puerta a la exportación sin aranceles de más de 3.000 «líneas arancelarias» (subproductos) y que generará ingresos anuales para Chile de 1.200 millones de dólares.
Para sus detractores, el tratado atenta contra la soberanía económica de los países y otorga a las trasnacionales derechos a demandar a los Estados en instancias arbitrales internacionales.
Este mismo miércoles, diputados del oficialismo e independientes impulsaron un requerimiento en el Tribunal Constitucional (TC) para «invalidar» el proceso de tramitación del tratado internacional en el Congreso.
