Un nuevo proyecto de ley ingresado al Congreso propone cambios estructurales en Gendarmería de Chile, incluyendo su traspaso al Ministerio de Seguridad Pública y la eliminación de sus asociaciones gremiales para otorgarle rango policial. El experto en seguridad, Diego Arancibia, analiza los alcances, beneficios y vacíos de esta iniciativa legislativa.
En una reciente edición de Paislobo Prensa, conducida por Rocío Gambra, se abordaron los detalles de la nueva ley ingresada al Congreso el pasado 5 de enero, la cual busca transformar radicalmente la estructura y funcionamiento de Gendarmería de Chile. Para analizar los alcances de esta iniciativa, el programa contó con la participación de Diego Arancibia, investigador del Centro de Estudio de Seguridad de la Universidad Central.
El proyecto surge en un contexto mediático marcado por operaciones contra redes de corrupción al interior de los penales, buscando dar respuestas inmediatas a la crisis de seguridad. Según explicó el especialista, la reforma se estructura bajo premisas fundamentales que cambiarían la naturaleza administrativa y operativa de la institución:
- Cambio de Ministerio: Gendarmería pasaría a depender del Ministerio de Seguridad Pública, saliendo de la tutela de Justicia en lo que respecta al resguardo penitenciario.
- Separación de Funciones: Se mantendrían las labores de reinserción social bajo el Ministerio de Justicia, mientras que la seguridad y custodia pasarían a la nueva cartera.
- Rango Policial y Jerarquía: La institución adquiriría un estatus similar al de Carabineros y la PDI, convirtiéndose en una entidad obediente y no deliberante.
- Fin de los Sindicatos: La ley contempla la pérdida de los derechos sindicales y gremiales. Actualmente, existen cerca de diez sindicatos al interior del organismo.
Sobre la relevancia de este traspaso administrativo, Arancibia destacó que el objetivo es «focalizar las funciones» y facilitar la coordinación con las otras policías. Según el investigador, esto permitiría «una mayor interoperabilidad o un trabajo más coordinado, una mejor relación en este caso con las otras policías, sobre todo lo que se trata como intercambio de información policial o información de inteligencia».
Uno de los puntos más sensibles de la discusión es la eliminación de las asociaciones de funcionarios. El experto señaló que, al buscar homologar a Gendarmería con las fuerzas de orden y seguridad, se establece un carácter jerárquico que es incompatible con la deliberación gremial. «Si tratamos de establecer jerarquías, obviamente las diferencias no podrían, en este caso, ayudar a que organizacionalmente las cosas se resuelvan de manera efectiva por conductos regulares», argumentó Arancibia.
El vacío en la formación
Más allá de los cambios estructurales, Diego Arancibia hizo hincapié en un aspecto crítico que, a su juicio, debe ser reforzado en el proyecto de ley: la formación de los gendarmes. Actualmente, un gendarme recibe una formación de un año, mientras que los oficiales se forman en dos años, con una malla curricular que posee escasos contenidos de ética y doctrina.
«Si uno hace una revisión de las mallas curriculares que existen en gendarmería, por ejemplo, dentro de esta formación del primer año de un gendarme, la verdad es que creo que lo único son ética y derecho administrativo. Solo una asignatura que la verdad es muy poco», advirtió el académico.
Para el investigador, fortalecer el plano formativo es esencial para evitar la profundización de actos de corrupción, independientemente de los cambios organizacionales que se implementen.
Fuente: Paislobo.
