La ministra en visita de la Corte Marcial Romy Rutherford deberá concluir la extensa y compleja investigación del fraude en el Ejército a más tardar en septiembre del 2023, según estableció la reciente extensión definitiva que le otorgó la Corte Suprema.
En enero de 2020, el Diario Oficial publicó la «Ley Rutherford», que modificó el Código de Justicia Militar «en materia de duración en el cargo de los ministros de Cortes de Apelaciones que integren las Cortes Marciales», para que estos puedan extender su permanencia.
Entonces, se le dio una prórroga de dos años. Luego, antes de que terminara el plazo, una indicación del diputado Leonardo Soto (PS) permitió habilitar nuevas extensiones al entregarle la facultad a la Suprema para resolver una renovación por otros dos años. Así las cosas, en marzo de este año el máximo tribunal decidió mantener la indagatoria solo por un año, dejando la puerta abierta para otorgar otro período similar a partir del 2 de marzo del 2023.
De acuerdo con La Tercera, en este marco, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una solicitud para pedir un año más de plazo para Rutherford.
Sin embargo, la Suprema resolvió una prórroga menor: «Atendido lo solicitado y teniendo en consideración la extensión de la investigación, su complejidad, envergadura y volúmenes, se estima pertinente hacer uso de la facultad conferida con ocasión de la modificación legal antes mencionada y renovar, por última vez, la designación de la señora Rutherford, por el término de seis meses a contar del día 2 de marzo de 2023».
La decisión no fue fue unánime, pues, de los 15 ministros, seis estuvieron por dar un año, «a fin de asegurar el éxito de la investigación»: Juan Eduardo Fuentes, Haroldo Brito, Ricardo Blanco, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos y Sergio Muñoz. En la resolución se dejó constancia que Muñoz previene que, «conforme lo expresa la investigadora, existen 74 informes solicitados a la Policía de Investigaciones, institución que fijó en ocho meses el término que demorará en evacuarlos», además de que la magistrada «ha dado muestras de dedicación en su cometido y, por lo mismo, permitirá dejar con un mayor avance la investigación».
Asimismo, el diputado Soto criticó que sólo se le otorgaran otros seis meses a Rutherford. «A mi juicio, se le está tratando de poner presión a la investigación de la ministra, en torno a que pueda ir cerrando las causas sobre la gran corrupción militar que descubrió en el Ejército. Con esta decisión se puede entender que quieren el pronto cierre de la causa, donde lo más pertinente es que se avance en condenas, usando el plazo que le entrega la ley. Es una mala señal».
En la causa, que contiene miles de documentos, cientos de tomas de declaraciones y más de 40 aristas por el uso fraudulento de los recursos de la institución castrense, la ministra en visita ha procesado a los últimos cinco excomandantes en jefe del Ejército: Juan Emilio Cheyre, Óscar Izurieta, Juan Miguel Fuente-Alba, Humberto Oviedo y Ricardo Martínez.
No obstante, aún queda una posibilidad: que el CDE presente una reposición ante la Suprema, lo que podría definirse en las próximas semanas.
