Un informe preliminar sobre el mercado fúnebre, fue el que dio a conocer este miércoles la Fiscalía Nacional Economía (FNE), detectando una serie de problemas en la industria y recomendando un total de nueve medidas para aumentar la competencia.
Concretar aquello, asegura la entidad, tendría como efecto una caída importante en el precio de los servicios funerarios y de inhumación (cementerios y crematorios).
De acuerdo con el estudio de la FNE, el gasto promedio por un funeral completo es de $2.345.745 si el destino final es una sepultura y de $2.146.425 si es una cremación.
También deslizó que existiría una alta dispersión de precios en lo que respecta a las sepulturas, llegando a encontrarse diferencias de hasta 29% del precio en promedio. «Esta misma dispersión se encuentra en los créditos otorgados por los cementerios para adquirir sepulturas, donde las diferencias llegan a ser de hasta 78% del interés promedio», añadió.
Junto con ello, a juicio de la FNE, existirían relevantes barreras a la entrada para instalar cementerios y crematorios. La fiscalía también analizó los contratos celebrados entre los cementerios y sus cliente, detectando que no se definiría con claridad la naturaleza del derecho que tienen los adquirentes sobre las sepulturas, lo que contrasta con la encuesta a consumidores, donde el 71% de los consumidores señala ser dueño de las sepulturas.
Además, apuntó cláusulas potencialmente abusivas, especialmente en lo que respecta a las consecuencias derivadas del fincumplimiento de los clientes en el pago de las sepulturas y las cuotas de mantención.
Por otra parte, los servicios secundarios prestados por los cementerios (por ejemplo, mantenciones, exhumaciones y reducciones) podrían ser fijados, en algunos casos, «de manera arbitraria, poco transparente y discriminatoria».
Por ello, este estudio, según la FNE, busca aumentar la cotización entre funerarias y la libertad de elección de servicios funerarios por parte de los consumidores, eliminar ciertas barreras regulatorias al uso de los beneficios mortuorios de los consumidores, facilitar la entrada de nuevos cementerios y crematorios y fiscalizar los contratos de adhesión celebrados entre los cementerios y sus clientes.
Estima que la implementación de estas medidas podrían generar ahorros para las personas del orden de $9 mil millones anualmente, lo que equivale a US$45 millones.
«Proponemos una reforma para aumentar la transparencia en el mercado y permitir una comparación más fácil de los servicios, cambiando de manera relevante las condiciones de la industria para hacerla más competitiva y así obtener bajas importantes en los precios», señaló el Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco.
La fiscalía indicó que aproximadamente un 70% de los consumidores no cotiza entre las diversas funerarias y que un 49% dijo no haber recibido ninguno de los beneficios mortuorios que entrega el Instituto de Previsión Social (asignación por muerte) o las AFP (cuota mortuoria), los que son cobrados directamente por las funerarias. Eso contribuye a una baja competencia en el mercado.
En este sentido, Riesco señaló que «nuestro estudio demuestra con datos concretos que existe una baja competencia en el mercado por captar a los clientes de servicios funerarios, que los consumidores presentan sesgos conductuales que les impiden cotizar y elegir la mejor opción entre servicios equivalentes y que también existe un gran desconocimiento por parte de la población de los beneficios mortuorios a que tienen derecho».
Recomendaciones
Este informe preliminar es el resultado de un trabajo que comenzó en diciembre de 2021 donde se revisó toda la industria. Dentro de las recomendaciones realizadas por la FNE se encuentra en primer lugar una mayor cotización de funerarias por parte de los consumidores.
Asimismo, permitir la compra de bienes y servicios fúnebres por separado, sin que estos solo se puedan adquirir empaquetados a través de planes, y modificar la regulación de los beneficios mortuorios y su conocimiento por parte de los consumidores (asignación por muerte y cuota mortuoria).
Además, se propone regular aspectos básicos de la venta anticipada de servicios fúnebres, así como las características técnicas de los ataúdes, para permitir la entrada de nuevos actores.
También, mejorar la planificación para la instalación y expansión de cementerios y crematorios, los requisitos y el proceso de evaluación de los proyectos de cementerios y crematorios por parte de las autoridades administrativas y aclarar la naturaleza jurídica del derecho que tienen los adquirentes respecto de las sepulturas.
Finalmente, fiscalizar y regular aspectos de los contratos entre los consumidores y los cementerios. Es imporante destacar que la mayoría de las recomendaciones requiere que el Ministerio de Salud modifique el Reglamento General de Cementerios.
