La Fiscalía de la Nación (general) de Perú realizó el miércoles operativos simultáneos en el Palacio de Gobierno, la Presidencia del Consejo de Ministros y varios ministerios, en busca de pruebas contra el expresidente Pedro Castillo, al que investiga por rebelión y conspiración.
Según informó el Ministerio Público a través de Twitter, el objetivo de los operativos es «recabar elementos de convicción respecto a la investigación que se le sigue al expresidente» por la presunta comisión del delito de rebelión.
Hasta la sede presidencial, ubicada en el centro histórico de Lima, llegaron la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y la fiscal superior Marita Barreto, quien coordina el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, acompañadas de varios agentes policiales.
Según precisó el Ministerio Público, el fiscal adjunto supremo Marco Huamán es quien dirige la diligencia en el Palacio de Gobierno, «donde se están lacrando documentos y algunos equipos de cómputo, como parte de la investigación».
Por su parte, el fiscal adjunto supremo Elmer Ríos Luque, coordinador del área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales, está a cargo de la diligencia de exhibición de documentos en las instalaciones de la Presidencia del Consejo de Ministros.
Las diligencias comenzaron alrededor de las 21:00 hora, mientras Castillo estaba siendo trasladado hacia el penal de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate, en el que el también expresidente Alberto Fuijimori cumple su condena de 25 años de cárcel.
Poco antes, el Ministerio Público había anunciado la apertura de diligencias preliminares contra el exmandatario por la presunta comisión de los delitos de rebelión y conspiración,tras el anuncio del cierre del Congreso y la instauración de un «gobierno de emergencia» en su país.
El exmandatario hizo este anuncio horas antes de que el Congreso debatiera un tercer pedido de destitución en su contra, que finalmente fue aprobado por 101 de los 130 legisladores que integran el hemiciclo peruano.
La medida, percibida mayoritariamente como un golpe de Estado, no obtuvo el aval de la mayoría de los ahora exintegrantes de su Gobierno, ni tampoco de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial.
Tras ser destituido por el Legislativo, Castillo fue detenido en un operativo supervisado por la fiscal general, Patricia Benavides, quien horas antes ya había condenado la decisión del ahora exjefe de Estado, la cual calificó de «quebrantamiento del orden constitucional».
Con la apertura de esta nueva investigación preliminar, ya son siete las diligencias abiertas por la Fiscalía general contra Castillo, quien entre otros delitos está acusado de presuntamente encabezar una supuesta organización criminal durante su mandato para obtener dinero ilícito de licitaciones fraudulentas de obras públicas.
