La ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora Isabel Allende (PS) fueron citadas a comparecer ante el Ministerio Público en calidad de imputadas, por la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende (1970-1973).
De acuerdo a La Tercera, la secretaria de Estado y su tía fueron convocadas por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, designado a cargo de la investigación penal que surgió tras la querella presentada por el abogado Raimundo Palamara.
Por su parte, la líder de Defensa fue llamada para el jueves 23 de enero, mientras que la parlamentaria socialista el viernes 24 de enero.
Igualmente, cuentan con prerrogativas para ser interrogadas como establecer un domicilio, así como también en calidad de imputadas podrían invocar su derecho a guardar silencio. Para enfrentar esta causa, ambas ficharon a la penalista Paula Vial.
No obstante, esta no es la única acción que enfrentará la senadora Isabel Allende esta semana, ya que la compra de la Casa Allende fue blanco de críticas porque una autoridad de Gobierno o un congresista no pueden celebrar contratos con el Estado.
Y pese a que la acción no se concretó, el Partido Republicano y Chile Vamos presentaron un requerimiento para el cese de su cargo ante el Tribunal Constitucional (TC), petición que será revisada este jueves por el órgano para definir si la acoge o no.
«Estrategia Cooper»
La denominada «estrategia Cooper» comenzó a delinearse la semana pasada, cuando el fiscal decidió allanar el Ministerio de Bienes Nacionales.
Para lo anterior, no fue necesario una orden de entrada y registro por parte de un tribunal, ya que el nuevo ministro, Francisco Figueroa, dio la orden de colaboración total.
De todas formas, la PDI y el fiscal jefe Focos de Coquimbo, Eduardo Yáñez, estaban mandatados para recurrir a un juez de garantía de haber recibido una negativa por las autoridades de dar acceso a la documentación vinculada a la fallida compraventa.
«La mujer fuerte de Segpres» declaró ante el Ministerio Público
Por otro lado, el fiscal Yáñez tomó la declaración, en calidad de testigo, de la jefa de División Jurídica de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), la abogada Francisca Moya.
Esta última es considerada como una «mujer fuerte» dentro de la repartición y se ha mantenido en el cargo por exclusiva confianza del Presidente Gabriel Boric, y pese a los cambios de ministros que ha sufrido la cartera (Giorgio Jackson, Ana Lya Uriarte y Álvaro Elizalde).
Moya tiene especial conocimiento y responsabilidad de los decretos que firma el Mandatario, quien en el proceso de la Casa Allende visó uno de los primeros trámites de la compra que tenía, como destino, la creación de un museo.
La abogada habría declarado sobre el conocimiento que tuvo el Jefe de Estado de esta compra. Es decir, si supo que parte de las beneficiarias de esta adquisición por parte del Estado, era su líder de Defensa y la senadora Allende. Además, de si alguien advirtió sobre la prohibición que existía de la entrega de recursos públicos a quienes ostenten cargos públicos.
En cuanto a la exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, es conocido que declarará como imputada en la causa, pero la fecha no se sabe con claridad.
