Las notificaciones presenciales, proceso administrativo contemplado en la nueva Ley de Migración y Extranjería para quienes ingresaron irregularmente al país, traban expulsiones de extranjeros del país: «Notificar a un migrante más de una vez se ha vuelto casi imposible», fustigó el alcalde de Colchane, Javier García.
Según la normativa, las dos notificaciones presenciales al implicado, antes de que la Policía de Investigaciones (PDI) concrete la expulsión, es un requisito rige desde febrero pasado, cuando entró en vigencia la ley n° 21.325. «Se debe notificar personalmente al afectado, que dispone de 10 días para presentar sus descargos. Luego de ese plazo, se debe notificar la expulsión en forma personal y el afectado tiene otros 10 días para recurrir ante la Corte de Apelaciones. En todo ese tiempo no procede la detención del extranjero», indica la ley.
«Una vez que firme la expulsión, la PDI debe ir a buscar al extranjero para materializarla en 48 horas», agrega la normativa, la cual se aplica en causales como ingreso por pasos no habilitados, situación migratoria irregular y desarrollar actividades laborales sin la documentación pertinente.
https://imasdk.googleapis.com/js/core/bridge3.540.0_en.html#goog_787084420El Servicio Nacional de Migraciones informó que desde el 2 de abril ha iniciado 1.231 procesos de expulsión administrativa, sin embargo, la PDI dice haber llevado a cabo solo 17, ya que los migrantes suelen cambiarse de domicilio. Mientras que el 2021 se realizaron 252 expulsiones administrativas y las judiciales -que establecen como sustitución de penas privativas de libertad de migrantes irregulares con sentencias menores a cinco años- subieron de 397 en 2021, a 877 este año, consignó El Mercurio.
En su visita a la Región de Antofagasta, el Presidente Gabriel Boric dijo que se debe simplificar este trámite y anunció dos proyectos de ley -uno de ellos ingresado a la Cámara Baja con suma urgencia- para hacer más expedito este proceso, con énfasis en los mecanismos de notificación.
En esta línea, el alcalde de Colchane, Javier García, fustigó en el matutino que «notificar a un migrante más de una vez se ha vuelto casi imposible. Mucho viven en tomas en la comuna de Alto Hospicio, donde es imposible que se pueda hacer una verdadera notificación como lo regula una ley que no se ajusta a la realidad», y el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, reconoce que el procedimiento de expulsión es «engorroso, nuevo» y que antes era «mucho más expedito».
Por su parte, el diputado por Tarapacá, Renzo Trisotti (UDI), recordó que durante la tramitación de la Ley de Extranjería «todas las trabas de mayores plazos y autorizaciones (para expulsar) fueron puestas por la izquierda», agregando que «también hay que recordar que una serie de autoridades actuales, incluido el Presidente, recurrieron al Tribunal Constitucional (en 2020) con intención de dejar sin efecto, y en definitiva lo lograron» tras la eliminación de una serie de artículos.
«Esa posición extrema es la que hoy día en día nos está impidiendo que Chile pueda ejercer con más facilidad los procesos de expulsión y seguimos pagando las consecuencias en todo el país», agregó.
Finalmente, el senador Pedro Araya (independiente-PPD) dijo esperar que «los partidos que apoyan al Presidente, especialmente el Frente Amplio y el PC, apoyen al Mandatario y no sigan mirando la migración como un tema romántico y entiendan que tenemos un problema serio».
