Docentes y alumnos de seis escuelas rurales unidocentes de San Juan de la Costa, agrupadas en el Microcentro Loncopichicahuin, realizaron una marcha este miércoles 12 de noviembre en la localidad de Puaucho. La movilización, que coincidió con la realización de sus olimpiadas anuales, tuvo como objetivo principal visibilizar la precaria situación de los establecimientos y la amenaza constante de cierre que enfrentan.
Marcelo Gallardo, profesor unidocente de la escuela particular 163 Lafquenmapu, explicó que la decisión de marchar se tomó tras años de intentar sin éxito obtener cobertura de medios o apoyo de autoridades. «Decidimos tomar por cuenta propia nosotros este año», señaló Gallardo, con el fin de «hacer más pública nuestra presencia».
El foco central de la preocupación es el cierre progresivo de establecimientos en la comuna. Según el docente, son «casi 20 colegios que se han ido cerrando» desde el año 2000 a la fecha. Gallardo enfatizó que esto no solo afecta a docentes y alumnos, sino a la comunidad completa. «Son las comunidades que se quedan sin su colegio, sin su educación primaria», afectando a niños de entre 6 y 12 años .
El profesor identificó como causa principal del problema la derogación de la «ley de piso rural» alrededor del año 2000. Dicha ley «permitía que los colegios, aunque tuvieran un alumno, podían seguir trabajando», asegurando una subvención para el sueldo del profesor y el mantenimiento básico .
Tras la derogación de esa norma, los colegios rurales comenzaron a recibir financiamiento basado exclusivamente en la matrícula. «Obviamente, si una escuela tiene uno o dos niños, la subvención no da ni siquiera para generarle el sueldo al profesor. Por lo tanto, la escuela se tiene que cerrar» .
Gallardo aclaró que, al ser «particulares subvencionados«, no dependen del municipio ni están afectos a la nueva ley SLEP (Servicios Locales de Educación Pública). Su vínculo administrativo principal es con la Dirección Provincial de Educación .
El cierre de escuelas obliga a los menores a largos traslados, superando en muchos casos la hora de viaje permitida por la ley de transporte escolar, o a internarse en otros establecimientos, perdiendo «lazos de familia».
Finalmente, el profesor hizo un llamado a las autoridades, solicitando «una ley que nos permita poder trabajar tranquilo» y que no dependan del «fantasma de la matrícula», para que las comunidades no vivan con el miedo constante de «que nos van a cerrar la escuelita».
Fuente: Paislobo.
