La Cuenta Pública del Presidente motivó reacciones en todos los sectores políticos, pero también desde el mundo de las grandes empresas, donde hubo mayoritariamente una valoración dual de los anuncios del Ejecutivo.
El primero en analizar el discurso fue Ricardo Mewes, timonel de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), quien en el mismo Congreso expresó reparos ante las propuestas del Ejecutivo.
La idea de negociación colectiva ramal «le pone más pelos a la sopa a la relación entre trabajadores y empleadores, pero especialmente a las pymes. Puede hacer quebrar muchas empresas», dijo en conversación con Cooperativa.
La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), liderada por el exministro del ramo Antonio Walker, puso énfasis en que esperaban más de la Cuenta Pública.
«El problema hídrico del país es más profundo de cómo lo planteó el Presidente Boric, mencionando el plan de 12 embalses, sin detallar sus avances ni anunciar nuevas obras necesarias para las regiones de Valparaíso y Metropolitana», apuntó.
No obstante, «lo que sí nos parece una buena noticia es el anuncio de licitación de una planta desaladora para Coquimbo, la cual debe ser multipropósito, considerando los empleos que la agricultura y otras industrias afectadas por la crisis hídrica, generan en la zona».
Para la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), hubo anuncios destacados en materia económica, pero quedan «temas pendientes que podrían impactar el desarrollo del país».
La presidenta de la CCS, María Teresa Vial, dijo que «el protagonismo otorgado a la seguridad es una buena señal y entregamos nuestro respaldo a la agenda de medidas que ha anunciado el Mandatario, pero todo aquello requiere ser complementado con una estrategia explícita en control, mitigación y combate al comercio informal, que se ha convertido en una vía fundamental para la comercialización de los frutos del delito y el crimen organizado. Nos parece que es imposible lograr objetivos responsables en materia de seguridad si no se aborda de manera frontal y coherente este tema en la agenda país».
«Apoyamos el enfoque que el Presidente ha puesto en el crecimiento económico y valoramos su decisión de priorizar la lucha contra la delincuencia y la inseguridad ciudadana», dijo a su turno la banca.
Pero José Manuel Mena, líder de la Asociación de Bancos (ABIF), también consideró «fundamental examinar con detenimiento la negociación colectiva por rama. En mi experiencia, los procesos más provechosos para ambas partes son aquellos que llevan a cabo sindicatos que conocen bien la empresa y colaboran estrechamente con ella. Además, es importante evitar establecer beneficios promedios que, al final, resultan inviables y perjudican a las empresas más pequeñas».
Desde la Corporación de la Madera (Corma), su presidente, Juan José Ugarte, valoró que el jefe de Estado haya dicho que el país «requiere de sus productos forestales y no podemos estar más de acuerdo con ello. Para eso, dado la crisis que atraviesan miles de pequeños productores y afecta fuertemente el empleo en el sector, hay que ingresar con urgencia una ley de recuperación y creación de nuevos bosques».
Una mirada más crítica tuvo la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (Asimet), que reaccionó considerando que «es difícil acoger el llamado a los empresarios a ser optimistas si se anuncia una negociación ramal que atenta contra la competitividad de la industria».
El timonel del gremio, Fernando García, valoró anuncios como la modernización y gratificación a las policías para hacer frente a la inseguridad, pero contrastó con «el «poco realismo y desconocimiento de la situación que enfrenta hoy la industria nacional».
