La madrugada del viernes Carabineros realizó un operativo en Puerto Montt y detuvo a cinco ciudadanos colombianos por los delitos de tráfico de drogas, porte ilegal de armas y municiones.
El hecho, es que tres de ellos son parte de quienes en octubre de este año agredieron a funcionarios policiales en la misma ciudad, y se encontraban incumpliendo medidas cautelares. Uno de ellos debía estar en prisión preventiva, mientras los otros dos con arresto domiciliario total.
Según consignó El Mercurio, el fiscal Marcelo Maldonado confirmó que tres están vinculados a la agresión a carabineros y que «dos de ellos estaban sujetos a medidas cautelares y para un tercero se había solicitado su prisión preventiva y se había despachado una orden de detención para que pudiera ingresar a cumplirla. Era una de las personas que se estaban buscando».
Agregó que «las otras dos estaban con arresto domiciliario total; una de ellas había quedado con esta medida tras ser revocada su prisión preventiva por la Corte de Puerto Montt, pero nuevamente ingresará a dicho régimen conforme a los nuevos hechos».
En relación a lo último, cabe mencionar que ahora el Juzgado de Garantía de Puerto Montt decretó la prisión preventiva para los cinco detenidos. Es necesario recordar que fue el 9 de octubre cuando siete efectivos policiales fueron agredidos por una turba de entre 15 a 20 personas, en medio de un operativo que buscaba capturar a un hombre acusado de participar en un robo con violencia.
La situación fue grabada, el video se viralizó en redes sociales, y tras un rechazo transversal, el Presidente Gabriel Boric dispuso la expulsión administrativa del territorio nacional de seis de los involucrados en la agresión.
Tras ello, se presentó un recurso de amparo de los ciudadanos colombianos en contra de la Subsecretaría del Interior y Seguridad Pública, lo que el 5 de noviembre fue rechazado. Aquello, fue calificado como «una buena noticia» por el subsecretario Manuel Monsalve.
Ahora bien, es relevante destacar que de acuerdo al fallo, de todas maneras «se suspende la ejecutoriedad de las órdenes de expulsión decretadas (…) solo en cuanto se mantengan las medidas cautelares».
