La madrugada de este martes, graves ataques incendiarios se registraron en Cañete (Región del Biobío), Lautaro (Región de La Araucanía) y Panguipulli (Región de Los Ríos), pero lo que destaca de estos dos últimos hechos es que son atribuidos a una conocida agrupación armada: Liberación Nacional Mapuche (LNM).
En concreto, tras realizar ambos atentados incendiarios (En Panguipulli, en la empresa forestal Toro; En Lautaro, en el fundo El Crucero), el grupo dejó lienzos con consignas. En el primero, se exigía la libertad de dos comuneros mapuches: Luis Tranamil y Nelson Queupil. Mientras que en el segundo, la LNM llamaba a matar a miembros de la APRA (Asociación para la Paz y la Reconciliación en la Araucanía).
Ello asoma que son un grupo armado con lineamientos claros. De hecho, a través de un comunicado difundido por radiokurruf.org, en el cual la organización se adjudicaba de sabotajes cometidos entre 2019 y 2021, LNM detalla sus idea políticas y reconoce como «principal enemigo» al «Estado chileno y argentino». Por lo mismo, indican que «nos hacemos cargo de la resistencia de nuestras comunidades y legitimamos la dignidad de plantear la violencia como método de defensa, por lo que entendemos que nuestras ideas son un riesgo para la continuidad de los Estados Nacionales en nuestro territorio».
El ex Coordinador Nacional de Seguridad de la Macrozona Sur, Pablo Urquízar, indicó a Emol que la LNM es «una de las diez orgánicas radicalizadas y terroristas y que operan en la Macrozona Sur. Es una organización que nace el año 2019 con, básicamente, descolgados integrantes de otras organizaciones radicalizadas y terroristas, como la Coordinadora Arauco Malleco (CAM)», entre otras .
La declaración de la LNM en cuanto a sus principios continúa: «Reivindicamos a los verdaderos presos políticos mapuche que han caído en acciones directas contra forestales, latifundistas, áridos, constructoras, inmobiliarias y toda expresión capitalista que destruye nuestro wallmapu». Sobre esto, Urquízar asegura que la organización ataca «toda expresión que vaya en un modelo distinto al que ellos estiman pertinentes».
Dado que la organización emprende agresiones en contra estos «objetivos», la ex consejera regional de La Araucanía -hasta este 2022-, Carmen Phillips, fue víctima de un ataque incendiario, en donde, según explicaron desde la Fiscalía de Alta Complejidad, la acción fue reivindicada por el grupo LNM. Mismo caso ocurrió con el un fundo que es propiedad del ex presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil. Todo ello, durante el 2022. En cualquier caso, Urquízar explicó que el grupo armado «se ha adjudicado a la fecha ya 42 atentados» y que «ha operado en las regiones de La Araucanía y en la Región de Los Ríos». «Es una organización bastante agresiva, donde sus integrantes utilizan armas de guerra, como fusiles AKA-47 o M16», dijo.
Detalló, además, que es la primera organización que «en cada atentado reivindica a presos de otras orgánicas». Esto, según explica el ex delegado presidencial, a fin de relativizar los hechos por los que son acusados los imputados que comparten sus causas, implantando la idea de que estarían privados de libertad a raíz de sus pensamientos políticos y no por los actos delictivos que son o fueron juzgados.
En tanto, el delegado presidencial de La Araucanía, José Montalva, sostuvo a Emol sobre los atentados registrados este martes que actualmente en la región se llevan adelante distintos mecanismos de prevención y captura en flagrancia, además de iniciativas de seguridad para presionar a este tipo de grupos. Dice que se están realizando «detenciones selectivas por parte de Carabineros y en el último tiempo hemos tenido buenos resultados sacando de circulación a personas relacionadas al robo de vehículos en el sectores rurales, junto con las extorsiones».
«Hemos hecho un trabajo de detenciones por el robo de madera y también de drogas», agregó. Según dijo, «a nuestro juicio, son formas de cómo estos grupos muchas veces se financian, pero nosotros no vamos a poder trabajar en la prevención en cada uno de todos los sectores de la región y llegar en situación de flagrancia a sectores rurales o alejados muchas veces», aseguró y resaltó la importancia de hacer una «vinculación» entre los casos, ya que «detrás de esto hay orgánicas».
«Quiero decirle a las personas que están detrás de estos atentados y si creen que quemando las herramientas de trabajo de personas de sus bienes van a lograr intimidar al Gobierno o al Estado para que los persigan, se equivocan. Son unos cobardes y se van a perseguir con todo el peso de la ley», completó.
