La Defensoría de la Niñez condenó este martes las declaraciones del exalcalde de La Florida y precandidato presidencial Rodolfo Carter, quien sostuvo que los niños migrantes irregulares «no pueden tener acceso a los colegios».
«El migrante ilegal que viene a Chile tiene que saber que no va a tener derechos salvo los humanitarios básicos. Si usted tiene un infarto o un embarazo, hay una cuestión humanitaria, pero hoy en día los chilenos están en segundo lugar respecto a la migración ilegal en temas como colegios y jardines infantiles», aseveró el exmilitante de la UDI en «Tolerancia Cero» (CNN Chile) la noche del lunes.
A través de un comunicado, la Defensoría de la Niñez expresó su «profunda preocupación en relación a la garantía de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en contextos de movilidad humana, dado que en la discusión pública se observa que prevalecen aspectos que no consideran de manera primordial el interés superior del niño y el respeto irrestricto al principio de no discriminación».
El organismo autónomo dirigido por Anuar Quesille destacó que los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en el país, «sin importar su condición migratoria, deben recibir protección integral, sin discriminaciones de ningún tipo, tal como lo contempla la Ley N° 21.430 sobre Garantías y Protección Integral, la cual, además, incorpora la obligación de otorgar protección reforzada a la niñez perteneciente a grupos en situaciones de desventaja».
La institución se refirió específicamente al proyecto de ley misceláneo sobre migraciones, que «en las condiciones que se encuentra actualmente es incompatible con los estándares que reconocen y promueven los derechos de niños, niñas y adolescentes».
En esa línea, solicitó que «se enmienden los puntos que podrían infringir la normativa nacional e internacional, relacionados con los derechos a la salud y acceso a la educación de la niñez en contextos de movilidad humana, así como también aquellos referentes al principio de no devolución, en atención al interés superior del niño».
Finalmente, la Defensoría llamó «a todos los sectores políticos a elevar el debate, teniendo en cuenta los estándares de derechos humanos que nos hemos impuesto como país, conforme a la normativa vigente y a los instrumentos internacionales de que Chile es parte».
