Este martes, el abogado defensor de Daniel Jadue, Ramón Sepúlveda, presentó un recurso de apelación ante el 3° Juzgado de Garantía de Santiago, buscando anular la medida cautelar dictada contra el alcalde de Recoleta al estar imputado por delitos de corrupción en el caso Farmacias Populares.
La defensa sostiene principalmente que la prisión preventiva no tiene justificación y es desproporcionada al no haber sido pronunciada conforme a derecho, y que existen otras medidas que podrían asegurar que el procedimiento se lleve a cabo de manera correcta.
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En detalle, Sepúlveda expresa que no hay datos que puedan sustentar que efectivamente el militante comunista cometió delitos y participó de ellos. Por ejemplo, en el delito de administración desleal, apunta a que la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp) era dirigida en términos administrativos y financieros por Daniel Moraga y Matías Muñoz.
Asimismo, subraya que no hay información que sustente que hubo contrato entre la Asociación y la empresa Best Quality -vendedora de insumos médicos-, así como del término del acuerdo.
En relación al delito de estafa, el abogado dice que su representado nunca tuvo contacto por ningún medio de comunicación con los representantes de Best Quality. En ese sentido, se plantea en qué antecedentes se basa la Fiscalía para argumentar que el alcalde realmente defraudó a la empresa.
Sobre el delito concursal, Sepúlveda recalca que no se presentaron antecedentes ni documentos para concluir que Jadue tuvo algo que ver con el ilícito.
Respecto al delito de cohecho, en el cual se acusa que Jadue pidió una bonificación a la mencionada empresa, la defensa apela a que el Ministerio Público presentó sus antecedentes en base a las declaraciones de dos testigos que se habrían reunido con el alcalde en la sede del Partido Comunista. Y que el ente persecutor no tomó en cuenta ni analizó el beneficio secundario que podrían haber recibido dichas personas.
Y sobre las tres imputaciones de fraude al fisco, Ramón Sepúlveda acusa que en la instancia judicial no se tomaron en cuenta elementos y material entregados por la defensa.
También reitera que su representado no tenía control de las cuentas de la Achifarp. Incluso, apunta contra la jueza Paulina Moya, quien, a su juicio, habría acreditado algunos de los presupuestos presentados por la Fiscalía sin elementos plausibles.
Necesidad de cautela
Así las cosas, el abogado defensor sostiene que no es posible sustentar que el único fundamento para la prisión preventiva sean los delitos, el número de ilícitos y la pena que se les asigna.
Y que su representado no tiene la posibilidad de incidir en actos tanto de la Achifarp como de la Municipalidad de Recoleta.
Por último, Sepúlveda indica que la cautelar podría modificarse por arresto domiciliario parcial o total y la prohibición de acercarse al municipio.
